Wellbach: «Misiones le reclamará a Massa la zona aduanera y un reconocimiento económico”

La Renovación continúa con el verso de la zona aduanera para Misiones, siendo que el artículo 95 no beneficia a los comerciantes, al contrario, los perjudica.

El miércoles inicia la era de Sergio Massa al mando del ministerio de Economía, Producción y Agricultura, con un desafío fundamental: incentivar la liquidación de divisas por parte del campo y aumentar las reservas del Banco Central. Entres los presentes en el acto de asunción estará el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, quien ya mantuvo contactos con el flamante ministro y con quien podría reunirse para reiterarle una serie de pedidos que viene haciendo Misiones al Gobierno Nacional.


Ricardo Wellbach, ministro coordinador de Gabinete misionero, señaló que la Provincia insistirá en la zona aduanera especial, aunque esto ya fue rechazado por el gobierno nacional dada su inviabilidad.

Además el gobierno renovador de Misiones pedirá una compensación económica ante la coparticipación “injusta” que recibe Misiones, según indicó Wellbach. El Gobierno provincial asegura que Misiones aporta a las arcas nacionales como la octava, pero recibe como la penúltima, por lo que pide aumentar un punto más de coparticipación.

Wellbach dijo que, «por iniciativa del conductor del espacio, Carlos Rovira, Misiones apuntará con Massa a lograr un reconocimiento económico sin necesidad de modificar la ley de coparticipación».

Como diputado nacional, Wellbach trabajó junto a Massa en la Cámara Baja. En ese sentido, el funcionario provincial recordó que con el ex intendente de Tigre lograron junto a los equipos técnicos de ambos sectores «el acuerdo por la zona aduanera especial, que abría la posibilidad de beneficios fiscales para Misiones por su condición de provincia de frontera». 

Ese artículo fue incluido en la Ley de Presupuesto 2021, pero el presidente Alberto Fernández vetó al reglamentarlo. Luego en el 2022, nuevamente estuvo dentro del proyecto de presupuesto porque el Ejecutivo nacional necesitaba el voto de los misioneros, pero sin el compromiso real de implementarlo. 

“En este momento lo importante es ponernos a disposición del país para aportar. Y nosotros (Misiones) desde la zona aduanera especial podemos aportar ingreso de divisas desde los países vecinos. No queremos fortalecer sólo a la provincia, sino fortalecer a la economía de Argentina”, dijo Wellbach.

Pero la zona aduanera especial no establece beneficios para los comerciantes misioneros quitándole presión impositiva para así ser más competitivo frente a los países vecinos, al contrario, los perjudica. El artículo 95 que reclama la Renovación habilita a crear zonas específicas como la creada en Santa Cruz (predios, no ciudades o provincias enteras) donde se le quitarían aranceles a productos importados para la venta minorista, por ejemplo, una notebook sin el 35% de impuestos federales. Pero el comerciante de la avenida Sarmiento o de la Uruguay tendría que seguir vendiendo con esos aranceles, compitiendo con el predio donde funcione la zona aduanera especial.    

 

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El verso de la zona aduanera para Misiones: el artículo 95 no beneficia a los comerciantes

 

El año pasado, el Frente Renovador de la Concordia inició una campaña contratando espacios en las redes sociales y pauta a través de Youtube, para descalificar a los tres diputados de Juntos por el Cambio que votaron contra el Presupuesto 2022. Carlos Rovira, líder del espacio que gobierna la provincia desde hace dos décadas, en su desesperación por obtener rédito político del rechazo al improvisado proyecto de presupuesto; destina mucho dinero de los contribuyentes para sus operaciones de prensa. 

Pero se hizo público el famoso artículo 95 sobre zonas aduaneras especiales y ampliación de zonas francas, que tanto la Renovación utiliza para su campaña de supuesta «conquista» a cambio de darle el voto al kirchnerismo de los diputados Diego Sartori y Carlos Fernández. 

Sin embargo, el artículo en cuestión, no solo no menciona en ninguna parte a Misiones, si no además está apuntado a crear zonas francas libres de aranceles a la importación de productos destinados a la venta minorista, tal como funcionan los Duty Free Shop que operan en aeropuertos y fronteras, donde grandes franquicias extranjeras pueden vender productos electrónicos y de moda de marcas reconocidas a un precio menor al estar exentos de gravámenes aduaneros además de estar fuera de las regulaciones del Régimen General de Importación.   

Este artículo en cuestión regula la creación y extensión de zonas francas como la autorizada en la provincia de Santa Cruz, donde todos los comercios dentro de ese predio de 200 hectáreas pueden vender hasta autos importados más baratos por la quita de aranceles, para poder competir así con una zona franca similar ubicada en la ciudad de Punta Arenas, Chile. 

Sin embargo, esto no es lo que las cámaras de comercio de Misiones y en particular los comerciantes pymes venían reclamando. Lo que se pide es una reducción y quita de impuestos federales, además de la eliminación de los distorsivos impuestos que cobra Rentas.

 

Si este artículo (el 95) hubiese sido aprobado y no vetado por el Presidente Alberto Fernández, como ya lo hizo anteriormente, lo único que habilitaría es que, por ejemplo, en algún predio de Posadas, Iguazú, Irigoyen, San Javier, etc; se puedan instalar franquicias sin aranceles a las importaciones, ni regulaciones prohibitivas y que podrían vender únicamente de manera minorista . 

Esto no beneficiaría, por ejemplo, a los vendedores de cubiertas, autos, electrónicos, textiles, etc de la avenida Uruguay, de la avenida Libertad, de la avenida San Martín o de la Felix Aguirre, etc. Por el contrario, les podría perjudicar siendo una competencia desleal, ya que en ese predio libre de aranceles se podría comprar, por ejemplo, un Iphone a mucho menos valor que un teléfono en Musimundo, ya que estaría exento del 35% de aranceles a los electrónicos, más otros gravámenes que pagan los artículos importados.   

De hecho, cuando se comenzó a tratar en 2020 el proyecto de zonas francas, mencionando la posibilidad de que sólo 4 localidades misioneras contaran con este beneficio, inmediatamente hubo un rechazo generalizado de las otras cámaras de comercio porque si se le otorga menos presión fiscal, por ejemplo, sólo a los comerciantes posadeños, sus pares de Oberá no podrán competir en igualdad de condiciones. Por esa razón, se pidió para toda la provincia, pero esto luego fue rechazado por el propio presidente de la Nación.   

Las zonas aduaneras especiales solo están pensadas para la quita de gravámenes a productos importados que pasan por aduanas. En ese sentido, el artículo 10 de la Ley Pyme aprobado en 2018 pero que aún no fue reglamentado por el ejecutivo (ni Macri ni Fernández) es mucho más beneficioso para los comerciantes misioneros que el artículo 95 de las zonas aduaneras especiales, porque establece reducciones fiscales para las Pymes.   

 

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Por otro lado, está el argumento renovador es que tanto Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka «votaron en contra de los misioneros» porque había una promesa de obras por casi 100 mil millones.  

En este punto se debe entender que en los presupuestos de gastos no sólo se establecen montos para ser destinados a obras, si no además de dónde van a salir esos fondos, es decir, de qué impuestos o créditos.

El fundamento a la hora de votar en contra de que que este presupuesto nacional era un «dibujo», no era solamente porque preveía una inflación de 33% para el año que viene, número claramente irreal, y un dólar oficial a 135 pesos, cuando todo el mercado está operando al paralelo de 200; si no porque además el oficialismo no podía explicar detalladamente de dónde iban a salir estos fondos para la larga lista de obras prometidas a Misiones y otras provincias.

Cada impuesto en el país tiene un destino X, por ejemplo, de los impuestos a los combustibles salen fondos para Vialidad Nacional y para el FONAVI con el que se financian construcción de viviendas. El impuesto a los cigarrillos se destina al financiamiento de programas sociales y/o de salud, del programa Cambio Rural y del Programa Social-Agropecuario. 

Para destinar fondos a obras en una provincia, se debe establecer cuáles de todos los impuestos existentes podrá financiar dichas obras, qué impuestos deberán aumentarse tanto por la inflación prevista como para el financiamiento de obras, etc. Lo contrario es un dibujo. 

Dado que Argentina tiene déficit fiscal, los impuestos no alcanzan ni para cubrir los gastos corrientes que tiene el país, por lo tanto el gobierno emite dinero sin respaldo para financiar el déficit, pero esa emisión impacta en la inflación, por lo tanto, en años no electorales, la emisión es «más cautelosa», y todo aquello que a los ojos de la Casa Rosada no sea urgente ni consiga fotos, queda postergado.

Cabe recordar que, por ejemplo, la nueva línea 132 Kv que cuesta 25 millones de dólares fue incluida dos veces en el presupuesto nacional, pero jamás se le asignó financiamiento, por tanto no hizo nada. Lo mismo ocurrió con las obras de terceras trochas para la ruta 14, el troncal norte de agua en Oberá, etc.  

Parte de ese déficit son los compromisos de pago de deuda, no solo con el FMI, si no además los bonos en pesos con intereses en dólares que el Banco Central emite para financiarse, pero que luego debe pagar a los bonistas con intereses, y para hacerlo, vuelve a emitir acumulando más deuda. Los principales bonistas son los bancos que otorgan plazos fijos a los ahorristas, y con ese dinero compran leras del tesoro nacional que emite el Banco Central y que luego debe pagarlas con sus respectivos intereses, y lo hace emitiendo.