Derogaron los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

El Gobierno Nacional revocó 58 normas, principalmente dictadas entre 2022 y 2023, vinculadas al comercio interior con el objetivo de simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.

La medida se oficializó mediante la publicación de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, junto con la Disposición 534/2026.

Esta iniciativa forma parte de un plan de desburocratización más amplio que ya suma más de 240 derogaciones impulsadas por la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme. Según fuentes oficiales, el objetivo primordial es simplificar el vínculo comercial entre los proveedores y los consumidores finales.

Además, desde el Ejecutivo indicaron que muchas de estas normas ya no tenían vigencia práctica, pero su permanencia en el sistema legal “generaba ambigüedad regulatoria y jurídica” para los actores del sector privado.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la baja definitiva de 30 normativas relacionadas con los programas de financiamiento Ahora 12 y Cuota Simple. Estos esquemas eran considerados por el actual gobierno como una forma de intervención indirecta en las condiciones crediticias del mercado.

Cabe recordar que Cuota Simple, la herramienta del actual gobierno que reemplazó el plan Ahora 12 y que permitía pagar con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a una tasa de interés menor a la del mercado, culminó en junio de 2025 y se definió no prorrogarlo. Comercios de todo el país habían adherido al programa para ofrecer cuotas fijas, muchas veces sin interés para el consumidor final.

Aunque posteriormente las billeteras virtuales, los bancos y las procesadoras de cobro presentaron sus propias propuestas para continuar ofreciendo financiación en cuotas, la suba de tasas de interés impidió que la iniciativa se extienda de manera generalizada, principalmente entre las pymes.

Asimismo, se eliminaron las normativas accesorias que aún quedaban en pie respecto al programa Precios Cuidados. El Gobierno busca así retirar al Estado de la fijación o sugerencia de valores en las góndolas, permitiendo que la competencia defina los precios.