Piden absolución de una joven de 19 años, encarcelada por la muerte de su beba de 4 meses

MISIONES. Miryam Bogado, adolescente mbya, está encarcelada desde febrero de este año, responsabilizada por la muerte de su pequeña hija de 4 meses.

La CTA y organizaciones a fines, comenzaron una campaña por la absolución de la joven.

“La instrucción no tiene indicios claros sobre la causa de la muerte, a pesar de eso decidió sostener una prisión preventiva difícil de argumentar. La manera en que se instruye esta causa viola Pactos internacionales de Derechos Humanos y el convenio 169 de la OIT. La defensa presentó un nuevo pedido de excarcelación”, detallaron en un comunicado.

Bogado cumplió 19 años en abril de este año, además es madre de otro niño de 4 años, y está detenida desde principios de febrero. La causa se investiga en el juzgado de instrucción Nº 7 del Dr. Carlos Giménez.

 

“Si bien no hay indicios ciertos de la causa de la muerte, fue caratulada Homicidio Calificado”, detallan y agregan, “Gimenez le rechazó un pedido de excarcelación cuyos argumentos solo pueden explicarse en el desconocimiento de la legislación vigente que protege los derechos de pueblos originarios, incorporados en la Constitución Nacional a través del articulo 75 inc 17, en el convenio 169 de la OIT o bien a una política de criminalización y judicialización de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. En Misiones podemos citar como precedentes los casos de Librada Figueredo, María Ovando o Victoria Aguirre”.

El inicio de la instrucción de esta causa, que incluyó la toma de testimonios, la inspección ocular en la comunidad “Pindoity” situada en el paraje “Teyú Cuaré” de la localidad de San Ignacio, “es una muestra de las deficiencias para adecuarse a las exigencias del marco normativo mencionado”, opinaron en el comunicado. “Miryam habla poco. Le cuesta comunicarse fluidamente en español. Durante los primeros meses de la instrucción el juzgado no le garantizó el derecho a un intérprete intercultural bilingüe, la misma situación se repitió con algunos de los testigos que declararon en el expediente”, prosigue.

“Sacados del contexto guaraní de interpretación, llamativamente ausente en el relato de los hechos consignado en sus testimonios, su significado queda inscripto dentro de un único marco de significados: el occidental no indígena”, remarca la Mg. Ana María Gorosito Kramer en la pericia antropológica aportada por la defensa.
Tampoco fueron valorados testimonios presentes en el mismo expediente que describen el estado de salud de la niña y que podrían explicar su posterior muerte como un hecho inevitable “un resultado fatal, pero no –asociado- a la probabilidad de una muerte violenta”, agrega Ana Gorosito Kramer.

 

Nuevo pedido de excarcelación.

La defensa de la adolescente presentó nuevamente un pedido de excarcelación haciendo hincapié en la obligación que tiene el poder judicial, sus operadores, de adecuar sus procedimientos y practicas a los mandatos constitucionales referidos a los derechos indígenas y los convenios internacionales suscriptos e incorporados a nuestro marco legal.
Pero además hace mención a Ley de protección integral de los derechos de niños-niñas y adolescentes, atendiendo aquí la vulneración de los derechos de su pequeño hijo de 4 años separado de su madre, con dificultades concretas para poder visitarla con regularidad, poniendo en riesgo ese vínculo.
El pedido denuncia también “la innecesariedad de la detención preventiva el estado incurre en una violación del derecho a la presunción de inocencia violando el art. 8.2 de la C.A.D.H.” Ella, como todo ciudadano o ciudadana “goza plenamente de la presunción de inocencia, en tal sentido la C.IDH ha dicho: “la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva, existe la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los limites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”.

 

A sus escasos 18 años, Miryam ya había atravesado tres partos. El último de ellos fue realmente dificultoso e implicó serios riesgos para su salud y la de su pequeña hija.

“No recuerdo la fecha, pero recuerdo a la madre con la menor, porque el parto fue complicado, el día que llaman al 107, de la comunidad solicitando a la ambulancia porque había una madre por dar a luz, ellos estaban en la comunidad Cocuorey, (…) se produce el atascamiento de la cabeza del bebé en el cuello del útero, porque la beba venía de cola, se la pasa a la sala de parto y la beba hace un paro cardio respiratorio, ya en sala de partos se la reanima a la recién nacida, mediante el procedimiento cardio pulmonar manual, donde se le pasó oxígeno…. se la deriva a la ciudad de Posadas, porque la beba estaba complicada… ingresa al materno neonatal, del Hospital Madariaga de Posadas, donde estuvo aproximadamente dos meses la beba en incubadora”, es parte el testimonio de la Dra. Myriam Piriz directora del hospital de San Ignacio.

Llamativamente esta médica no tuvo en cuenta todo este cuadro de situación ni las complicaciones de salud de la niña, “secuelas neurológicas, alimentación por sondas y necesidad de extracción regular de secreciones bronquiales”, al momento de testimoniar y cuestionar sobre los motivos de la muerte habilitando así la intervención policial y el inicio de un proceso judicial que hoy tiene a Miryam como única imputada y detenida. Tampoco hizo mención en que tardó más de 24 horas en acudir al llamado que realizaron desde la comunidad, obligando a que el cuerpo permaneciera –descomponiéndose- desde la madrugada del jueves hasta el mediodía del viernes.

“La historia clínica de EM –la niña- permite visualizar una cuestión más: entre el 23 de octubre de 2018, fecha del alta médica, y el 17 de enero, fecha que corresponde a la consulta de MB –Miriam Bogado- en el Hospital de San Ignacio solicitando las vacunas para su hija, tanto ella como la bebé desaparecen de los registros y seguimientos del sistema médico oficial. Si se toma en cuenta la cantidad ingente de recursos invertidos en medicamentos, aparatología y dedicación del personal invertidos por el mismo sistema en orden a salvar la vida de una bebé que ingresó “sin vida”, con paro respiratorio y que luego presentaba la sospecha de importantes secuelas neurológicas, y que al momento de su alta o pocos días antes requería de la alimentación por sondas y la extracción regular de secreciones bronquiales, no es aventurado colegir una ausencia de seguimiento y control por parte de los efectores de salud local. Esa ausencia no puede ser adjudicada a una pareja de padres extremadamente jóvenes y poco adiestrados para el tratamiento adecuado de una bebé en esas condiciones, y en una situación de vida extremadamente pobre de recursos -calidad y confort de la vivienda, provisión regular de agua potable, asepsia de ropas y utensilios destinados a alimentar a la bebé, etc”, remarca la pericia antropológica que ya lleva varios meses en el expediente a fin de ilustrar a los operadores judiciales que no obstante siguen sin resolver la situación de la adolescente.
La lucha feminista contra la justica patriarcal, capitalista y colonialista.

 

En el acompañamiento de Miriam y su familia intervienen referentes del movimiento de mujeres de la provincia, quienes lograron una vez más comprometer en la defensa a la Dra. Roxana Rivas – de la CTA Autónoma de Misiones y al Dr. Eduardo Paredes, dos reconocidos abogados de la provincia, con experiencia en otros casos de criminalización de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad: María Ovando y Victoria Aguirre, ambas absueltas. María en el 2012 y Victoria en el 2017.

Sumándose esta vez la pericia de la Mg. Ana María Gorosito Kramer, profesora emérita de la Universidad Nacional de Misiones, referente académica en toda la región en cultura mbya guaraní.

 

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