El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue imputado este sábado por el Ministerio Público en el marco del escándalo financiero de Ueno Bank. La resolución refiere a los delitos de «abuso de confianza y gestión en beneficio propio» además que solicita la prisión preventiva e inhibición de bienes del exmandatario, que fue destituido por el Congreso guaraní a través de un juicio político.
Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue imputado por lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
Quienes le tomaron la declaración a Peña son los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, además de la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.
Peña llegó en horas el mediodía a la Fiscalía junto a su abogado Ricardo Preda, quien fue uno de sus defensores durante el juicio político. Tras ser sometido a declaración, se retiró pasadas las 15.
La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Nancy Salomón, brindó una breve conferencia una vez finalizada la interpelación al expresidente donde comunicó formalmente que «desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra el señor Santiago Peña. Y en ese sentido, también comunicarles que los hechos punibles son los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio».
«En el día de ayer se libró orden de captura en contra del expresidente. Es por ello que dentro de las 24 horas ha comparecido ante el Ministerio Público a los efectos de prestar declaración indagatoria. También quiero mencionarles que, a los efectos de prevenir cualquier tipo de disturbio, se le ha convocado en sede de la Fiscalía General del Estado, atendiendo justamente eh para precautelar la seguridad», agregó.
A posterior detalló que desde el Ministerio Público se tomó, como requerimiento de medidas cautelares, la solicitud de prisión preventiva y se requirió la inhibición general de bienes más la solicitud de congelamiento de bienes del expresidente, como la del expresidente del Banco Central.
«Es importante aclarar también que las calificaciones jurídicas en ese sentido, la administración en provecho propio tiene un marco penal de hasta 10 años, mientras que la lesión de confianza en su modalidad agravada tiene un marco de hasta 10 años también. Y en ese sentido, el Ministerio Público ha tomado la decisión de requerir la prisión preventiva teniendo en cuenta el eventual concurso de hechos punibles que podrían darse como resultado de las conductas que son atribuidas», concluyeron los fiscales, que en horas de la tarde le tomarán declaración indagatoria al Carlos Carvallo.
De manera paralela, el Gobierno paraguayo se rearma políticamente la salida de Peña. El flamante mandatario, Pedro Alliana, comenzó la jornada del sábado anunciando un recambio en el gabinete e intentó llevar tranquilidad a la ciudadanía al señalar que «nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero».
Fuente: C5N
