Por Walter Bravo
La certeza pasa por la concepción federal del sistema de gobierno de la República Argentina: Una ley provincial no puede avasallar las autonomías municipales, tanto como un ley nacional tampoco puede hacerlo ante las autonomías provinciales. Cualquier especialista en Ciencias Económicas sabe que si la provincia en la que ejerce su profesión adhirió a una ley o normativa nacional que tenga que ver con materia contable, la ley debe cumplirse. Pero si la provincia no está adherida no está obligada a cumplirla.
Así sucede en todos los órdenes del andamiaje jurídico que regula a la sociedad argentina. Unicamente son de rango o statu superior la legislación que surja de un acuerdo internacional, los famosos acuerdos internacionales que son supranacionales. Esto ha sido enseñado en la educación formal media de todo el país desde la antigua materia «Instrucción Moral y Cívica». Luego, los distintos formatos mutaron a materias del sentido «Etica y Ciudadanía», siempre dependiendo de la currícula pedagógica de la orientación educativa del establecimiento que la imparta o no.
Bajo el estricto Derecho Político que poseen tanto ciudadanos (los mandantes), como sus mandatarios (los gobernantes), la Constitución de la Nación Argentina establece que en los fundamentos democráticos del sistema de gobierno asumido como sistema de contrapesos, las autonomías provinciales en relación a las leyes nacionales (con sus exepciones, pero éste no es el caso), y el de los municipios ante su provincia, deben ser sostenidas para asegurar los beneficios de la libertad. Eso se enseña en la currícula pedagógica del nivel primario de la educación formal y tiene que ver con el Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina.
La cuestión es que la Carta Orgánica Municipal de Posadas y el principio de autonomía local, habilitan al Concejo Deliberante a debatir y modificar el régimen electoral de la ciudad sin necesidad de esperar a que la Legislatura provincial derogue la ley general de lemas, que de hecho continúa con el método rovirista de gobierno a pesar de que «Lo que Viene» quiera mostrarse distintos.
Hay que tener en mente que la adhesión al sistema provincial de lemas y sublemas en Posadas fue fijada por una disposición del 19 de junio de 2014 que se encuentra registrada en el Digesto Jurídico Municipal, por lo tanto, derogar esa ordenanza de adhesión es un paso formal viable. Ni cháchara ni circo: Derecho Político, principio constitucional que cualquier jurista puede explicar.
Cabe destacar sobre el particular, que ninguna actuación de oficio por autoridad pertinente que sea, como el Tribunal Electoral de Misiones, en ese sentido, puede tener más rango o statu que una ordenanza municipal sea en Posadas, Oberá o San Javier. Dicho sea de paso, ningún mandatario comunal puede decidir adherir o dejar de hacerlo por motu propio o per se. Es otro principio constitucional establecido que también busca asegurar los beneficios de la libertad. Cualquier ciudadano que ostente un cargo electivo lo sabe, aunque -claro, es obvio que no es una condición sin ecuanon, pero tampoco debe ser una discusión sine die.
Tal vez sea una estrategia discursiva la que utilizan diputados roviristas para polarizar las elecciones generales 2027 cuando se refieren a solo a un partido político en Posadas que pretende quitar esta ley provincial a la que ese municipio adhirió; pero en rigor de verdad son dos bloques, Acuerdo Urbano y La Libertad Avanza, los que impulsan la derogación directa de la Ley de Lemas en Posadas junto a la creación de un nuevo alternativa de votación como la Boleta Única de Papel. En tanto, la UCR ha presentado propuestas como un esquema transitorio con tope de sublemas.
No hay mucha vuelta: Sciat populus discernere. Sepa el pueblo distinguir.
