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El teléfono no dejó de sonar en las oficinas de la administración pública en Posadas durante la tercera semana de mayo de 2026. Lo que durante meses había circulado como un secreto a voces en los pasillos de la gestión provincial finalmente estalló en los portales de noticias: una auditoría interna del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado ponía bajo la lupa el manejo de fondos millonarios dentro de la CODEIM (Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios).
El foco principal de la investigación apuntaba directamente al ministro coordinador de Gabinete y ex titular del consorcio, Carlos «Kako» Sartori, y al intendente de Colonia Victoria, Hugo Orlando Andino. Según los informes que salieron a la luz entre el 19 y el 20 de mayo de 2026, las rendiciones de cuentas presentadas para justificar el uso de abultados subsidios provinciales presentaban inconsistencias graves.
La maniobra descrita por las entidades de contralor dibujaba un esquema clásico pero severo: para rellenar los expedientes y justificar salidas de dinero sin respaldo real, se habrían utilizado comprobantes apócrifos y contrataciones dirigidas a supuestos proveedores fantasma —firmas o monotributistas que carecían de capacidad operativa, personal o infraestructura comercial instalada para brindar los servicios facturados.
Para la segunda mitad del año, el caso dio un paso decisivo. Hacia julio de 2026, el Tribunal de Cuentas agotó la vía administrativa y habilitó los juicios de ejecución patrimonial contra los dirigentes implicados en los expedientes para exigir el recupero de las sumas observadas. Paralelamente, en la órbita del fuero penal, la investigación avanzó hacia el análisis de posibles delitos como malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
por Gaston Arotcharen
