Un funcionario del Gobierno de Misiones fue protagonista de un episodio que abre serios interrogantes sobre el uso de los vehículos del Estado y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.
El procedimiento se realizó el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertad, en Oberá.
El protagonista fue Adolfo Joaquín Jesús, subsecretario de Coordinación de Gabinete, quien circulaba al mando de una Toyota Hilux perteneciente al Estado provincial.
Según los datos difundidos sobre el operativo, el control de alcoholemia arrojó un resultado de 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre.
El vehículo oficial, identificado con dominio AE902YC, terminó secuestrado y fue trasladado por una grúa municipal al corralón.
UNA PREGUNTA QUE NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA
Los vehículos oficiales no son bienes particulares de los funcionarios. Son patrimonio público, adquiridos y mantenidos con recursos que aportan todos los misioneros.
Por eso, el episodio exige explicaciones concretas:
¿Qué hacía un funcionario provincial circulando a esa hora con una camioneta oficial?
¿Cuál era el motivo del desplazamiento?
¿Se aplicarán las sanciones correspondientes sin privilegios por el cargo que ocupa?
¿Quién pagará la multa, el acarreo y los gastos derivados del procedimiento?
La responsabilidad vial no debería depender del apellido, del cargo ni de la cercanía con el poder.
Al ciudadano común se le exige cumplir las normas. Los funcionarios, que además administran bienes públicos, tienen una responsabilidad adicional: dar el ejemplo.
BAJO la Lupa
1,65 de alcohol y una camioneta oficial al corralón
