En Misiones parece que, para algunos, las leyes son obligatorias solamente cuando se trata de controlar al ciudadano común. Pero cuando el protagonista es un funcionario con vínculos políticos, la situación adquiere otra dimensión y las explicaciones empiezan a escasear.
El parte policial es contundente: el domingo 1 de noviembre, a las 6 de la mañana, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertad de Oberá, se realizó un procedimiento que terminó con el secuestro de una camioneta Toyota Hilux, dominio AE902YC.¿El motivo? Su conductor, identificado en el informe policial como Adolfo Joaquín Jesús Montenegro Niveyro, de 42 años, registró 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia.
No estamos hablando de una infracción menor ni de una discusión administrativa. Estamos hablando de conducir bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo la vida propia y la de terceros.
Pero hay un dato que vuelve el episodio todavía más delicado: el vehículo involucrado sería oficial y el conductor tendría vínculos con la estructura política provincial. Además, trascendió que Montenegro Niveyro podría ocupar un lugar en el EPRAC en reemplazo de Balán, una posibilidad que merece explicaciones públicas.¿con qué autoridad moral se le exige al ciudadano que cumpla las normas cuando quienes tienen responsabilidades públicas protagonizan situaciones como esta?
En Oberá, miles de conductores son sometidos diariamente a controles. Se secuestran vehículos, se aplican multas y se exige el cumplimiento de las ordenanzas. Y está bien que así sea. Las normas de tránsito existen para proteger vidas.
Pero esa exigencia tiene que ser igual para todos.
No puede haber una vara para el vecino que sale a trabajar, otra para el comerciante y una tercera para quienes ocupan cargos o tienen cercanía con el poder.
Por Paola Wojtwichz
