El gobernador salió con los tapones de punta a anunciar que recurrirá a la Justicia para frenar la venta de tierras a extranjeros tras el aval de la Corte al DNU 70/2023. Pero si rascamos un poquito la superficie, el anuncio tiene más de puesta en escena que de solución real.
Por un lado, el mandatario blande el Decreto 1935 como un escudo protector frente a la desprotección legal, apelando a fibras sensibles de los misioneros: el 90% de frontera internacional, la biodiversidad y el arraigo del pequeño productor. Queda bien en los títulos, sacude el tablero político local y calma los reclamos internos de guardaparques y sectores afines.
Pero por el otro, choca contra la pared de la realidad institucional. El DNU y la ley de tierras son normativas federales, y el margen de maniobra de la provincia en la justicia es más bien testimonial. Una jugada de ajedrez político para marcar la cancha, gritar soberanía desde la tierra colorada y tirar la pelota afuera, sabiendo que el impacto jurídico concreto es, en el fondo, puro humo.
Gastón Arotcharen
