La situación financiera del multimedios provincial suma nuevos cuestionamientos. Entre febrero y abril, ARCA habría dispuesto tres embargos por presuntas irregularidades en el pago de aportes de los trabajadores, cuyos descuentos figurarían en los recibos de sueldo. Los hechos generan interrogantes sobre la administración de los recursos y la responsabilidad de las autoridades encabezadas por Castaño.
Otro punto bajo cuestionamiento es el cambio en la cobertura social y previsional del personal. En abril se habría instrumentado el traspaso de los trabajadores al IPS, una medida que habría sido presentada como una alternativa para reducir costos y afrontar las dificultades financieras. Sin embargo, empleados sostienen que los salarios no se normalizaron y que todavía existen deudas pendientes.
El multimedios cuenta con 257 empleados y funciona con recursos públicos. En ese contexto, crecen los reclamos por conocer cuánto cuesta sostener su estructura, cómo se distribuye el presupuesto y qué organismos controlan el manejo de los fondos.
A la crisis financiera se suman versiones sobre una posible salida de Castaño de la conducción. Entre los nombres que circulan para sucederlo aparece Marín, en un eventual movimiento que algunas versiones vinculan con el exgobernador Closs. También surgieron referencias a supuestos antecedentes judiciales del dirigente, aunque esos señalamientos requieren documentación y precisiones antes de establecer cualquier conclusión.
La situación deja planteados varios interrogantes: qué ocurrió con los aportes descontados a los trabajadores, quién autorizó los cambios en la cobertura social y previsional, cuánto dinero público demanda mantener a 257 empleados y quién tiene a su cargo el control de esos recursos.
Daniel Orloff
