Por Walter Bravo
La presencia de comunidades mbya en espacios públicos de Posadas, como la Plaza 9 de Julio frente a la Casa de Gobierno, sigue siendo un eje de tensión política. A todo esto, resulta llamativo o, cuando menos despiertan suspicacias sobre la buena intención con la que tratan a poblaciones de la Nación Originaria después de tanto vapuleo gubernamental. El archivo de peso y talla de un problema que interpela al gobierno, consigna que en los últimos años se han repetido acampes y movilizaciones para exigir al actual gobierno de Hugo Passalacqua, respuestas frente a desmontes, desalojos y carencias básicas en los territorios ancestrales.
Es decir, hasta 2026, los conflictos entre las comunidades Mbya Guaraní y el Gobierno de Misiones se centraron en disputas territoriales, desalojos, el avance del sector forestal y reclamos por falta de titularidad y servicios básicos. De más de 138 comunidades guaraníes en Misiones, solo 15 contaban con título de propiedad, mientras que unas 60 habían sido relevadas sin carpeta aprobada. Comunidades y organizaciones indígenas han venido señalando demoras y falta de reconocimiento efectivo de la posesión tradicional, mientras que funcionarios provinciales han argumentado en algunos casos que los predios son fiscales o que las ocupaciones recientes no coinciden con relevamientos previos.
Por su parte, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones impulsó mesas de diálogo —como en el caso de Puente Quemado II— para buscar acuerdos y evaluar alternativas como la expropiación, mientras referentes indígenas cuestionaron la falta de actas formales y el cumplimiento de compromisos. Este año se reportaron episodios de hostigamiento, intimidaciones y amenazas de desalojo o intervenciones policiales y de organismos provinciales en comunidades como Kuaray Amba (Puerto Iguazú) y Tekoa Oka Pora, así como alertas en zonas cercanas al lago Urugua-í.
Por ciero, comunidades Mbya y organizaciones socioambientales denunciaron el impacto de monocultivos forestales (como plantaciones de pino y la presencia de empresas madereras y forestales, entre ellas Arauco), señalando restricciones al acceso al agua segura, contaminación y disputas sobre el uso del territorio.
Sin ir más lejos, en el mes en curso, la comunidad Mbya Guaraní Tapé Mirí impulsó acciones judiciales reclamando instancias de participación ciudadana y consulta previa bajo el Convenio 169 de la OIT frente al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Pero sobre todo, referentes y autoridades tradicionales (mburuvicha) denunciaron de manera recurrente dificultades en el acceso a la atención médica, escasez de personal sanitario, problemas de traslado y deficiencias en el suministro de agua y servicios en distintas comunidades de la provincia.
La instantánea habla por sí misma.
