El comunicado difundido por la CELO no despeja ninguna duda. Por el contrario, las profundiza.
La institución intenta desacreditar el informe calificándolo de «parcial», «incompleto» y «malicioso», pero evita responder las preguntas de fondo que hoy se hacen miles de socios obereños.
Si, como sostienen, los números fueron sacados de contexto, entonces expliquen por qué despidieron a la auditora que detectó las irregularidades. ¿Por qué no la respaldaron para que terminara su trabajo? ¿Por qué no impulsaron una investigación interna? ¿Por qué la apartaron de la cooperativa, según trascendió, bajo custodia? Son preguntas que el comunicado no responde.
Tampoco es cierto que el informe haya ocultado la cuestión de los ingresos. El propio informe técnico firmado por el contador Guillermo Maciel deja expresamente asentado que la facturación correspondiente a mayo de 2026 se emite durante junio y que, por esa razón, esos ingresos no fueron considerados en el análisis. Es decir, esa limitación ya estaba aclarada en el documento. No fue ocultada ni manipulada.
Lo que sí contiene ese informe son observaciones de extrema gravedad: impuestos no registrados, pagos sin contabilizar, diferencias entre el Debe y el Haber, conciliaciones pendientes, ingresos cuya registración no fue procesada por el sistema, multas, intereses y numerosas inconsistencias que, según el propio profesional, afectan la razonabilidad de los estados contables.
En lugar de responder con documentación, balances completos y conciliaciones bancarias, la conducción de la CELO eligió publicar un comunicado descalificando el trabajo periodístico y evitando explicar cada una de las observaciones técnicas.
Los socios merecen respuestas, no discursos.
La CELO administra recursos que pertenecen a miles de familias. No puede pedir un acto de fe cuando existen informes técnicos que advierten serias inconsistencias contables.
Por eso, la presidenta María Emilia Pires, el gerente general Omar Olsson y quienes tienen responsabilidad en la administración deben dar un paso al costado. No porque exista una condena, sino porque la confianza pública está seriamente comprometida y es imprescindible garantizar una investigación transparente, independiente y sin interferencias.
Asimismo, corresponde exigir una auditoría integral e independiente, con participación de los organismos de control competentes, que revise la totalidad de la situación económica, financiera, contable y administrativa de la cooperativa, determine el verdadero estado de sus cuentas y establezca las responsabilidades que correspondan.
La transparencia no se demuestra con un comunicado.
Se demuestra abriendo los libros.
Se demuestra publicando los balances.
Se demuestra explicando cada inconsistencia.
Y, sobre todo, se demuestra protegiendo a quienes auditan, no despidiéndolos cuando encuentran irregularidades.
Los obereños no necesitan comunicados. Necesitan la verdad.
Y la verdad solo puede surgir de una auditoría independiente, con toda la documentación sobre la mesa.
Por Paola Wajtowichz
INFOBER 