La reciente decisión de la Justicia de Misiones que obliga a la Cooperativa de Electricidad Urbana y Rural y Otros Servicios Públicos de Concepción de la Sierra (CEUROSP) a transparentar sus facturas de energía eléctrica abre un debate que también debería darse con fuerza en Oberá.
El fallo judicial surge a partir del reclamo de un usuario que exigió algo tan básico como conocer con exactitud cómo se calcula el importe que llega cada mes a su hogar. La Justicia entendió que las boletas carecían de información esencial para que los asociados pudieran controlar y verificar lo que estaban pagando.
¿Por qué los socios de Oberá no contamos con el mismo nivel de detalle y transparencia?
Desde hace años, miles de familias obereñas observan con preocupación el crecimiento constante de los importes en las facturas. En muchos casos, los aumentos parecen difíciles de comprender y aún más difíciles de verificar. Los usuarios reciben montos elevados, pero pocas veces cuentan con herramientas claras para reconstruir el cálculo realizado por la cooperativa.
La energía eléctrica es un servicio esencial y quienes sostienen el sistema son precisamente los socios. Por eso resulta inadmisible que existan dudas sobre conceptos facturados, períodos de consumo, costos aplicados o cargos adicionales que integran el monto final.
Lo ocurrido en Concepción de la Sierra demuestra que la transparencia no es un favor que prestan las cooperativas: es una obligación. Los asociados tienen derecho a saber cuánto consumen, qué valor se aplica por cada kilovatio hora y de qué manera se construye el importe que finalmente deben pagar.
En Oberá, donde los reclamos por el costo de los servicios son cada vez más frecuentes, sería saludable que la cooperativa avance voluntariamente en un esquema de mayor claridad antes de que los usuarios deban recurrir a la Justicia para obtener respuestas.
La transparencia fortalece la confianza institucional. Cuando los números son claros, los socios pueden controlar, comparar y comprender. Cuando la información es insuficiente, crecen las sospechas, el malestar y la sensación de que nadie explica realmente qué se está cobrando.
Lo sucedido en el sur de Misiones marca un precedente importante. Ahora queda planteado el desafío para Oberá: brindar facturas más claras, accesibles y auditables para que cada socio pueda conocer exactamente por qué paga lo que paga.
Porque el derecho a la información no debería
depender de una sentencia judicial. Debería ser una práctica habitual de cualquier entidad que administra un servicio público y se sostiene con el aporte de sus asociados.
Paola Wojtowichz
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