Exigen cese de facturas a pacientes de salud pública

En la mañana de este lunes 11 de mayo, la Central de Trabajadores de Argentina- Autónoma – Misiones presentó una extensa nota ante el Ministerio de Salud Pública en la cual expresa su rechazo a la decisión del Parque de la Salud de emitir facturas simbólicas a sus pacientes. En la comunicación, la CTA A Misiones fundamenta sobre la salud como derecho y exige el cese de la emisión de facturas que el Parque de la Salud ha implementado recientemente, a la que describe como “una práctica que tensiona principios fundamentales del Derecho a la Salud y que contribuye a la naturalización de una lógica mercantilista en el Sistema Público de Salud de la Provincia. Pone en juego el modo en que una sociedad concibe la Salud: como un Derecho Humano, o como una prestación cuyo valor debe ser cuantificado y comunicado a quien la recibe…”

La nota, dirigida al Ministro de Salud Pública de la provincia Dr. Héctor González, recoge las obligaciones nacionales e internacionales que asume el Estado Argentino de garantizar la salud como un derecho humano y un bien público que no puede mercantilizarse, monetizarse y “no puede depender de la capacidad económica de las personas ni ser comprendida bajo criterios de rentabilidad, costo individual o lógica de mercado.”
La CTA A también considera la emisión de factura como una “práctica inconstitucional, antisanitaria y  contraria al Derecho a la Salud” que afecta particularmente a las y los pacientes del sistema público: “el mensaje simbólico que se instala es grave: que el acceso a la atención implica una carga económica individualizable, una deuda moral o una obligación de gratitud frente al Estado.
Se está planteando con esto que la persona a generado una deuda con el Estado, porque si se monetiza la prestación, la Salud pasa de ser un Derecho a un tema comercial y mercantil, violando el concepto de ¨Salud como Derecho¨.”

En la comunicación se reivindica que las y los pacientes son sujetos de derecho y que la salud no es una mercancía, y recuerda a las autoridades provinciales que “El Estado no ¨paga¨ nuestra Salud como un acto de generosidad, el Estado tiene la obligación jurídica, constitucional de garantizarla a través del aporte directo de todos los ciudadanos.  Los Hospitales Públicos no son empresas prestadoras de servicios, es “el Estado en toda su dimensión”. No son espacios de beneficencia. Son instituciones construidas histórica y socialmente para garantizar ´el Derecho a la Salud´.”