Britez presentó un proyecto para repudiar «la guerra política por vía judicial-mediática de intereses económicos» contra Cristina y Lula

El mes pasado, la diputada nacional kirchnerista por Misiones, Cristina Britez, presentó junto a sus pares firmantes del Frente de Todos, un proyecto para declarar «su más amplio repudio a la utilización en Latinoamérica de la guerra política por la vía judicial-mediática, conocida como Lawfare, promovida por intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública, ejecutada contra líderes, funcionarios y ex funcionarios y militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Venezuela, entre otros, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal», dice textualmente la iniciativa en el Congreso de la Nación, puntualizando los casos de Cristina Fernández de Kircnher y Lula Da Silva.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
DECLARA:
Expresar su más amplio repudio a la utilización en Latinoamérica de la guerra política por la vía judicial-mediática, conocida como Lawfare, promovida por intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública, ejecutada contra líderes, funcionarios y ex funcionarios y militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Venezuela, entre otros, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.

En ese sentido, expresar su repudio a la utilización de jueces y juezas, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, agentes de seguridad, embajadas y operaciones de inteligencia ilegal (local y extranjeros, y orquestadas como asociación ilícita en muchos casos como en Argentina) con el objetivo de aplicar el Lawfare, que incluye el fórum shopping de jueces, detenciones arbitrarias y el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas, fabricación de pruebas ilegales, afectación de la defensa en juicio mediante la denegatoria de producción de pruebas, a veredictos antes del debido proceso judicial, acoso y desmoralización a través de medios de comunicación, allanamientos de locales
políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, y la manipulación y propagación de miedo en la población contra actores políticos en procesos electorales.

Expresar su beneplácito por la decisión adoptada el 17 de marzo de 2022 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR/C/134/D/2841/2016), en la que se resolvió que el sistema judicial de Brasil había violado los derechos de Luis Inácio LULA DA SILVA a la libertad personal, a la prohibición de detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia, a ser juzgado por
un Tribunal imparcial e independiente, al derecho a la defensa, al derecho a la privacidad y al derecho a ser elegido en elecciones generales (artículos 9.1, 14.1 y 2, 17 y 25.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), todo a partir de la persecución política que sufrió el ex Presidente de Brasil mediante la utilización del sistema de Lawfare, ejecutado principalmente por el ex Juez Sergio Fernando Moro, que injusta y arbitrariamente lo condenó, lo encarceló y finalmente lo proscribió para participar como candidato en las elecciones presidenciales del mes
de Octubre de 2018.
A la vez, expresar su repudio y preocupación precisamente por la utilización del sistema del Lawfare en la Argentina contra Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER, en procesos judiciales contaminados por el Lawfare que actualmente se están llevando adelante, que vulneran sus derechos constitucionales a las garantías judiciales y el debido proceso, y que en definitiva, al igual que con LULA DA SILVA, constituyen una persecución política contra su persona y su condición de dirigente destinada a proscribirla de la vida política de la Argentina

FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta
Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se
alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de Think Tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales de medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales.

El proceso de lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y la política, en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos.

Este preocupante y por momentos tensionado escenario, viene siendo denunciado, analizado y combatido por diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil.
Por todo lo expuesto, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen con su voto positivo el presente proyecto de declaración y se pronuncie en forma contundente en contra de estos mecanismos ilegales, desestabilizantes e intervencionistas, para continuar en la lucha por el ejercicio pleno de la soberanía política y la independencia económica.