Diputados K piden crear un salario universal para 7 millones de personas

El comunicado que se dio a conocer este jueves lleva la firma de los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, del Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois; Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita de Emilio Pérsico, y Natalia Souto, de Barrios de Pie, liderado por Silvia Saravia.

 

La crítica de Cristina Kirchner a las organizaciones sociales reavivó la interna en el Frente de Todos y golpeó con fuerza a aliados del Gobierno. Diputados oficialistas cruzaron a la Vicepresidenta y pidieron reabrir el debate por el Salario Básico Universal: “Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social, son agentes de transformación”, le respondieron.


En un acto junto a la CTA, al hablar sobre los planes sociales, Cristina Kirchner había dicho que “el Estado debe recuperar, en nombre de Perón y Evita y el control de las políticas, que no pueden seguir tercerizadas”.


Tras la seguidilla de cuestionamientos de los dirigentes de las organizaciones sociales, este jueves fueron los diputados que llegaron a sus cargos como referentes de esos movimientos los que salieron a responder a la Vicepresidenta y metieron en el debate el proyecto de Salario Básico Universal, que había quedado postergado.
La iniciativa apunta a un ingreso equivalente a una Canasta Básica Alimentaria por adulto (alrededor de $12.900, de acuerdo con los últimos valores relevados por el Indec) a cambio de una contraprestación, que puede ser el estudio o la realización de talleres relacionados con empleabilidad. Alcanzaría a desocupados, monotributistas sociales, trabajadores agrarios, de casas particulares y de la economía popular.
Qué le respondieron a Cristina Kirchner los diputados ligados a movimientos sociales
El comunicado que se dio a conocer este jueves lleva la firma de los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, del Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois; Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita de Emilio Pérsico, y Natalia Souto, de Barrios de Pie, liderado por Silvia Saravia.
“Frente al debate suscitado en estos días en torno del rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, creemos que desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados”, dice el escrito.
Los ocho legisladores tienen sus orígenes en las organizaciones sociales y, durante el gobierno de Cristina Kirchner, fueron aliados críticos y, por momentos, opositores. Hoy, reconocen que no tienen ningún tipo de contacto con la Vicepresidenta y que su alianza es con el albertismo.
“Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social, ya que han acompañado el acceso a la tierra, el techo y el trabajo allí dónde no había nada que tercerizar, porque solo campea la exclusión; tampoco son muros de contención para darle tranquilidad a los políticos en un sistema económico injusto dónde no entramos todos y una democracia que, a veces, es meramente formal”, advirtieron.
En el mismo sentido, dijeron que “los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular”.
Se reabre el debate por un salario universal
En su respuesta a Cristina, los legisladores dijeron que en el contexto actual se necesitan herramientas para formalizar los procesos de trabajo, como el Monotributo Productivo y un Salario Básico Universal, “para reforzar los flacos bolsillos de más de 7 millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes”.
Por eso pidieron el “pronto tratamiento de las leyes de Monotributo Productivo, Salario Básico Universal y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena, propuestas por la UTEP”.
“Las tres propuestas son políticas concretas hacia sectores que necesitan el reconocimiento del Estado y un acompañamiento que signifique ingresos complementarios para dinamizar el consumo”, explicó Grosso.