Donda fue sobreseída por el juez Casanello en el caso de la empleada doméstica

Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que funcionaria era acusada de incurrir en el delito de defraudación contra la Administración Pública.

El magistrado determinó que la funcionaria no incurrió en una falta legal tras ser denunciada en diciembre de 2020 por Aminda Banda Oxa, quien aseguraba que la ex diputada le había ofrecido un cargo en el INADI o un plan social a cambio de que ella renunciara al trabajo en su casa.

Según la parte demandante, todo comenzó cuando Banda Oxa intimó a Donda a saldar aportes adeudados y regularizar su vínculo contractual.

El abogado de la denunciante planteó que Donda pretendió echarla una vez iniciada la cuarentena por el coronavirus, “intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”.

Casanello concluyó que no hubo delito luego de investigar si en algún momento se había dado comienzo a trámites administrativos para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el instituto anti discriminación.

Casanello delegó la investigación en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y, a comienzos de marzo, señaló que si bien se había podido acreditar que “existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Victoria Donda habría formulado un ofrecimiento impropio, faltaban los elementos que indicasen que, tras esos diálogos, había existido un acto administrativo de la funcionaria”.

Según marcó no había “una resolución u orden emanada de la titular del INADI, que dispusiese hacer efectivo tal ofrecimiento, mucho menos un contrato estatal que lo perfeccionara”.

Por esa razón, el caso volvió a la fiscalía que ratificó que, a su juicio, “se encontraba verificado el estado de sospecha” y “deslizó al mismo tiempo que, en caso de que el juzgado no compartiera el criterio, debía reasumir la investigación y realizar las medidas de prueba que considerara pertinentes”. Marijuan había pedido que se llame a la funcionaria a declaración indagatoria.

Pero Casanello, durante ese proceso no se halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, ni siquiera actos preparatorios para una eventual contratación. Y tampoco se detectaron pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar.

El juez a cargo de la causa recurrió también a la Procuración de Investigaciones Administrativas, que investiga faltas disciplinarias de funcionarios públicos, para corroborar si existía alguna actuación contra Donda, sin resultados afirmativos.

La decisión adoptada por la Justicia no impide que Donda sea investigada en un futuro por violar algunas de las obligaciones inherentes a su función, fijadas en el artículo 3° de la ley de ética pública. Tampoco limita ni pone en cuestionamiento el reclamo realizado por la empleada doméstica en la Justicia laboral. Lo resuelto sólo determina que la conducta atribuida no es un delito penal.

Cuando el expediente inició, se conoció que en los recibos de sueldo figuran pagos realizados por la funcionaria a Arminda, desde julio de 2016, cuando le pagaba $5.000 mensuales, hasta enero de 2021, cuando también le pagaba $5.000, como si le hubiera pagado a su empleada doméstica el mismo sueldo durante cuatro años y medio, sin ningún tipo de actualización inflacionaria.

En ese mismo período los aportes laborales que le hizo fueron subiendo de $176, en agosto de 2016, a $363, en enero de este año, según los recibos aportados por la funcionaria.

En su oportunidad, Donda dijo a Clarín: “Ella me dijo varios veces que tenía problemas personales, que no podía salir de su casa a hacer nada, porque tiene un hermano internado y que por esa situación no sabía si iba a seguir trabajando conmigo en casa. Como la tengo registrada, le pedí que renuncie, para que no se quede sin nada”.

“Le ofrecí ayudarla con algún tipo de trabajo en el INADI, donde podía ingresar en el sector de maestranza o podía entrar a un programa de promotores contra la discriminación, para la gente de barrios humildes, o sino con algún plan”. Y agregó que, si Arminda renunciaba, “le iba a pagar una indemnización, como corresponde. Pero la están usando políticamente, para intentar perjudicarme”.

Del decreto al dictamen con guiño


En junio, a través de un decreto, el presidente Alberto Fernández ratificó en el cargo a Donda de interventora del organismo por otros 180 días.

En julio de 2021, luego de los polémicos dichos del Presidente sobre el origen de los brasileños, mexicanos y argentinos, Donda emitió un dictamen favorable a Fernández, acusado de “racismo”, destacando su vínculo con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y fuertes críticas a Mauricio Macri.

En aquella oportunidad, Donde sostuvo que los dichos “no reflejan las acciones del gobierno de Fernández, que, lejos de promover la discriminación y la invisibilización de los pueblos originarios, promovió intensamente la igualdad de los grupos históricamente vulnerabilizados”.

Y tras enumerar algunas medidas, apuntó a Mauricio Macri. Se refirió a una ley de 2004 que fue “una interrupción” de una idea “fundante” que atentaba contra los derechos básicos de los pueblos originarios y migrantes, entre otros. La norma, afirmó Donda, fue modificada en 2017 por el ex presidente, a quien acusó de “volver asociar la migración latinoamericana con la delincuencia y considerar al extranjero como un peligro”.