Pigerl presentó un proyecto para prohibir dotar de armas a policías y penitenciarios denunciados por violencia de género

La iniciativa fue presentada por el diputado provincial, Rafael Pereyra Pigerl. El mandato del legislador obereño vence este año en la Cámara de Representantes de Misiones, pero irá por su reelección en junio. 

El Proyecto de Ley presentado busca imponer una restricción administrativa de dotación de armas de fuego para portación, tenencia o transporte al personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial que hayan sido denunciados por violencia de género en el marco de la Ley Nacional Nº 24.685 y sus modificatorias o de la Ley provincial de Violencia Familiar  LEY XIV – N.º 6 (Antes Ley 3325).

 

PROYECTO DE LEY LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1.- El personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial que hayan sido denunciados por violencia de género en el marco de la Ley Nacional Nº 24.685 y sus modificatorias o de la Ley Provincial de Violencia Familiar Ley XIV – N.º 6 (Antes Ley 3325), tendrán restricción administrativa de dotación de arma de fuego para portación, tenencia o transporte.
ARTÍCULO 2.- La restricción establecida en el artículo 1 de la presente ley puede ser instruida de la siguiente manera:
1) sin acceso: no permite el acceso en ningún momento al arma de dotación, hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para el levantamiento de la presente medida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la presente ley;
2) con acceso limitado: permite a la persona afectada por la medida, utilizar el arma de dotación solamente durante la jornada laboral, debiendo depositarla al finalizar su turno en la armería; hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para el levantamiento de la medida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la presente ley
ARTÍCULO 3. – Las restricciones establecidas en el artículo 2 de esta ley pueden ser establecidas, si no media resolución judicial en tal sentido, por el Jefe de Policía o el Jefe del Servicio Penitenciario, previo informe elaborado por un equipo interdisciplinario conforme lo dispuesto por la Ley Nº 26.485 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4. – En cualquiera de los casos previstos en el artículo 2 de la presente se debe informar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados –ANMac, la restricción administrativa adoptada.
ARTÍCULO 5.- El levantamiento de la medida administrativa restrictiva de portación, tenencia o transporte del arma de dotación, está sujeto a:
1) la evaluación que efectúe la Junta Médica de la Fuerza correspondiente;
2) el cumplimiento del tratamiento que realice la persona denunciada con profesionales de salud mental especializados en la materia;
3) informes elaborados por el equipo interdisciplinario, conforme lo dispuesto por los artículos de la Ley Nº 26.485 y sus modificatorias;
e) la resolución del juzgado interviniente en la denuncia;
f) la situación procesal penal de la persona denunciada.

ARTÍCULO 6. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley propone que el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial que hayan sido denunciados por violencia de género en el marco de la Ley Nacional Nº 24.685 y sus modificatorias o de la Ley Provincial de Violencia Familiar LEY XIV – N.º 6 (Antes Ley 3325) tendrán restricción administrativa de dotación de arma de fuego para portación, tenencia o transporte.
No debemos olvidar que Argentina suscribió la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER aprobada por la Ley N° 24.632 que tiene por objeto proteger, entre otros, los derechos de las mujeres a la vida; al respeto de su integridad física, psíquica y moral; la libertad y seguridad personales; a no ser sometidas a torturas y el derecho a que se respete la
dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. En dicho marco, tenemos el compromiso de actuar con acciones legislativas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Restricción similar a la propuesta la encontramos en las Provincias de Santa Fe, Chaco, La Pampa y en la Nación por Resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad Publicada en Boletín Oficial: 17/12/2020 que establece la restricción para efectivos de Policía
Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria.
En la Provincia de Buenos Aires la cifra de violencia que involucra a efectivos policiales surge de un informe de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense publicado en el portal eldiarioar.com el 18/02/2021 que daba cuenta que más de 6.000 policías bonaerenses fueron denunciados por violencia de género. Desde 2013, uno de cada 10 fueron acusados de ejercer violencia contra las mujeres. Entre ellos Matías Ezequiel Martínez, el
femicida de Úrsula Bahillo.

La cifra surge de un pedido de acceso a la información pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia, entregado al sitio web de investigación Perycia.
Durante los siete años relevados, se desprende que de los 5.966 sumariados sólo fueron sancionados y expulsados 984.
Infobae.com publica una nota el 3/02/2018 respecto a la cantidad de policías acusados de violencia de género. En la nota informan que el Observatorio de Violencia de Género que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un informe estadístico durante el año pasado para contabilizar los casos de violencia de género y familiar en todo el territorio provincial durante los períodos de 2014, 2015 y 2016. El informe basó sus números en información de las Comisarías de la Mujer y de la Familia en el territorio, así como las causas judiciales iniciadas por protección contra violencia familiar en Juzgados de Familia y causas penales remitidas por la Suprema Corte. El informe apuntó, por ejemplo, más de 95 mil causas en el Registro Penal de Violencia de Género de la Procuración para el año 2016 y más de 215 mil personas denunciadas de acuerdo a la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. El Ministerio a cargo de Cristian Ritondo, por otra parte, también aportó información sobre los suyos.


Continúa informando que la Auditoría General de Asuntos Internos entregó información sobre los más de 95 mil efectivos que componían la Policía Bonaerense hasta enero de 2017, 55 mil de ellos de sexo masculino. De acuerdo al informe, “2252 agentes de la fuerza se encontraban bajo investigaciones administrativas” con 1835 sumarios que fueron iniciados entre 2015 y 2016. En el 13% de los hechos se utilizó el arma reglamentaria que la fuerza provee a sus efectivos. Hasta el momento de la entrega de los datos, unos 1815 sumarios seguían sin sanción. Apenas 20 si la tenían.


Publican además una estadística, más de 300 de los efectivos denunciados -el segmento mayoritario- tenían de 30 a 39 años. Los efectivos de 20 a 29 fueron menos, 207. La mayoría de los denunciados, por otra parte, tenía de 1 a 15 años de antigüedad dentro de la Bonaerense.
De una muestra de 1286 casos, el 42 por ciento de los denunciantes fueron las parejas de los efectivos quienes elevaron el reclamo, las ex parejas en un 28 por ciento, con solo siete casos de colegas dentro de la fuerza. El principal tipo de violencia ejercido es el psicológico, que figura en un 57 por ciento, con un 38 por ciento de hechos denunciados que incluyen violencia física.

Los medios de comunicación dan cuenta de numerosas femicidios cometidos por policías o muertes de mujeres ocasionadas por policías que están fuera de servicio, lo que se traduce que existe un problema y que debe haber una política específica para cambiar la situación.
En una nota publicada en el portal Economis el 25/11/2020 Silvana Labat, a cargo del IPEC, proporcionó datos respecto a denuncias de violencia recibidas en la Provincia. En 2019 se recepcionaron más de 21 mil denuncias por violencia en Misiones.

Expresa la Directora en la nota que el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos viene trabajando a través del Observatorio De Violencia Familiar y de Género de la Provincia en recopilar y ordenar datos proporcionados desde la policía, la línea 137, la línea 102, y el Poder Judicial.
Algunos de esos datos, indican que en 2019 se realizaron 21.794 denuncias de violencia por motivo de género.
Entre las víctimas, el 88,4% son mujeres, y antes de cumplir el año el 100% son niñas.
En el 75% de los casos las denuncias las hicieron las propias víctimas, el 25% por ciento otra persona y de ese 25%, el 43% fueron anónimos.
Entre los vínculos se desprende que el 17,2% es padre de la víctima, y el 32,4% actual conyugue o pareja.
En la página del Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia (IPEC) pudimos encontrar informes sobre procesamiento de datos de violencia de género y violencia familiar en base a las llamadas recibidas por las Lineas 102 y 137.
El Instituto Provincial de Estadística y Censo de Misiones –IPEC publica en su página el 23 de julio de 2020 un estudio de datos obtenidos en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género de Misiones, respecto a las intervenciones realizadas por el programa nacional Las Víctimas contra las Violencias – Línea 137. Los datos corresponden al año 2019, y fueron suministrados por la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, del Ministerio de Gobierno de Misiones. El informe presenta información de las localidades de Eldorado, Garupá, Oberá y Posadas, entre las que se destacan los siguientes tópicos:
► Se registraron 2623 intervenciones telefónicas en 2019;
► El 75,0% de ellas fue por violencia familiar;
► El 32,6% de las intervenciones tuvo prioridad “alta”, y el 7,3% como “muy alta”;
► Según el tipo de violencia, la psicológica es la más corriente (45,1%), seguida por la física (33,6%);
► De la totalidad de intervenciones telefónicas registradas por localidad, se verificó el mayor porcentaje en Posadas: 71,6%.
► Personas de género femenino son las principales víctimas, representando el 90,1% de los casos;
► El 25,9% de las víctimas tiene entre 21 y 30 años, seguida por la franja etaria de 11 a 20 años (22,4%) y la de 31 a 40 años (18,3%);
► Los mayores de 40 años representan el 20,5% de las víctimas, y los menores de 10 años, el 12,9%;
► De los menores de 10 años de edad, la mayor proporción de víctimas tiene 5 años (14,7%), 10 años (13,2%) y 3 años (11,8%).
► Del total de intervenciones en las que se registran datos, el 82,5% tuvo a una persona de género masculino como agresor;
► Del total de agresores, el 34,1% tiene entre 21 y 30 años de edad, el 27,5% entre 31 y 40 años, y el 15,4% entre 41 y 50 años;
► Más de la mitad de los casos donde se menciona el vínculo entre la víctima y el agresor, éste es su cónyuge o pareja actual (34,3%) o ex cónyuge o ex pareja (17,2%).


Nosotros legisladores debemos reconocer que el uso de armas de fuego de dotación en contextos de violencia de género o violencia familiar, no es una cuestión privada del policía o del agente penitenciario, es una cuestión institucional que debemos abordar con acciones eficaces y no meramente declarativas, por ello propongo el presente proyecto de ley solicitando a mis pares su voto afirmativo.