“La vivienda digna y la propiedad son derechos, la usurpación es un delito… el Gobierno está más preocupado por los costos políticos que por asumir la responsabilidad”

Así lo manifestó Gustavo González, Diputado Provincial por la UCR Misiones.

“En la Provincia de Misiones hay un silencio oficial que aturde respecto de las usurpaciones. Parece que el Gobierno provincial está más preocupado por los costos políticos o electorales, que por asumir la responsabilidad de fijar posiciones claras que diferencien lo legal de lo ilegal”, señaló. 

“En Misiones han existido -históricamente- casos de toma de tierras, pero en los últimos tiempos hemos visto hechos de usurpaciones organizadas que preocupan.
Además de los casos resonantes en localidades como Itacaruaré, Dos de Mayo y otros municipios, recientemente en Colonia Wanda -a 50 km. de las Cataratas del Iguazú- aproximadamente 200 personas, de un día para el otro, ocuparon una propiedad privada a la vera de la Ruta Nacional N° 12, que empezó robando el alambrado, sacando los mojones, apedreando al cuidador y, a pesar de las denuncias de los propietarios en la Policía y en la Intendencia, no lograron frenar la usurpación.
Recién luego de la orden de desalojo librada por el Juez de Instrucción de Puerto Iguazú y con el hecho consumado, el Intendente de la localidad Felipe Yelen manifiesta que piensa comprar el inmueble para urbanizarlo. Los dueños, prácticamente bajo la extorsión de la situación, se verán seguramente obligados a vender su propiedad.
Personalmente creo -y cada uno debe asumir la responsabilidad de lo que sostiene- que hechos de estas características no se llevan adelante sino tienen el aval o al menos el consentimiento del poder político. Es decir, es evidente que hay una política de tolerancia a las usurpaciones y que hay sectores políticos que las incentivan.
Todo esto hace que el riesgo de las usurpaciones crezca en la Provincia, dejando de ser una cuestión privada, pasando a ser un problema social que la política debe resolver.
Cuando hay decisión política de no tolerar las usurpaciones, hay alternativas. Hay opciones para disuadir y resolver los conflictos; pero cuando es el propio Estado quien avala la situación se genera un clima de tolerancia al delito que las facilita.
La toma de tierras no es el camino para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna ni para sacar de la precariedad absoluta en la que viven miles de familias misioneras. Sólo es el mecanismo para embaucar a familias en situación de vulnerabilidad y para que unos pocos hagan un negocio económico.
La defensa del derecho a la propiedad es un pilar del sistema que debe ser garantizado, con claridad, en tiempos de conflictividad social como el que vivimos. Es obligación del Gobierno Provincial y los Intendentes encontrar soluciones a la falta de vivienda. Pero no deben dejar lugar a dudas en sus acciones, que repudian estos procederes y que no avalan -por acción o por omisión- que se lleven adelante”, finalizó.