Empresarios advierten sobre una posible “rebelión fiscal” en Argentina

Mientras el Congreso se prepara para aprobar este martes el Impuesto a las grandes fortunas, crece el malestar entre las entidades empresarias más grandes del país, que advierten sobre el impacto que tendrá sobre las inversiones futuras; cuestionan el sentido de oportunidad para debatirlo y hasta hay quienes se atreven a insinuar una “rebelión fiscal”.
Las críticas fueron canalizadas a través del Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a las grandes entidades empresarias del país, pero luego se fueron sumando voces también por fuera. Entre ellas, la del banquero Jorge Brito, que se animó a alertar que creará “rebelión fiscal, desaliento de la inversión y éxodo de personas y empresas”.
Con aliados, el oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobar el proyecto de los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, que estuvo paralizado unos meses y que se reactivó en las últimas semanas.
Uno de los más contundentes en sus críticas fue el Foro de Convergencia Empresarial, que está integrado por más de 80 instituciones de la Argentina, incluidas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio, entre otras. Dijo que observa “con gran preocupación el avance” de esta iniciativa y se refirió al sentido de oportunidad del momento en que será debatido.
“Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso”, manifestó a través de un comunicado.
En el mismo sentido, señaló que mientras “es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduce una discusión que vuelve a dividir a los argentinos”.
Pero la crítica no se limita a la falta de criterio, sino que avanza también sobre la legalidad de una decisión de esta magnitud. Es que para el foro empresarios “se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes”.
También cuestiona que “desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional”, y que “al ser un impuesto no coparticipable, se originan nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales hacia el ámbito federal, generando una relación costo-beneficio negativo para las provincias”.
Por otro lado, intenta echar por tierra con el argumento del crecimiento de gastos durante el transcurso de un año en que el coronavirus generó un alza extraordinaria del gasto público, al señalar que “apenas el 20% del producido del impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”.
Otro de los argumentos que esgrimen desde el oficialismo tiene que ver con el hecho de que solamente se gravarán las fortunas personales, pero el Foro alertó que “no impactará solo en las ´grandes fortunas´, como se pretende hacer creer, dado que este impuesto grava los activos que también están afectados a la producción, sin tener en cuenta, además, la existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”.
Por eso, advirtió que “afecta directamente a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente”.
La UIA pide cambios
Si bien la UIA es una de las entidades que forman parte del Foro de Convergencia Empresarial, poco después emitió un comunicado en el que sentó posición también de manera categórica, al señalar que el proyecto que se debatirá en el Congreso “incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo”.
Pero, ante el avance de la iniciativa, pidió incorporar algunas modificaciones, como excepciones, y un mínimo no imponible.
“El sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”, indicó la entidad fabril y ratificó que “no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquel compuesto por activos financieros o inmuebles”.
“Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, alertó la entidad y remarcó que la “Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos”.
“El número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída del 11% en el período mencionado”, señaló.
Agregó que esto tiene su contrapartida en términos de empleo, el cual tiene una caída acelerada desde mediados de 2018. “En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el mismo mes de 2015”, indicó la UIA.
En este contexto, la UIA pidió “excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos” y “permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año”.
También solicitó “incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)” e “incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales”.
Alerta de rebelión fiscal
El dueño del Banco Macro fue el empresario que avanzó más en las críticas, pero fundamentalmente en las advertencias. Este gravamen “creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto, posiblemente no se cobre nada o poco, y sólo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios que no llevará a nada, irritará a la gente y nos acercará un paso más al precipicio”, estimó Brito.
“Los que más tienen deben ayudar en este momento para paliar los problemas económicos que la pandemia ha agravado”, afirmó Brito en diálogo con Infobae, pero advirtió que “el camino que ha elegido el Gobierno es equivocado” porque “se eligió como manifestación de riqueza el patrimonio de aquellos que tienen más que una determinada cifra de activos”.
También cuestionó que “no es por primera vez, sino que se hace a menos de 9 meses de haber establecido un aumento en la tasa del impuesto a los bienes personales, que pasó de 0,25% a 1,25% para los bienes en Argentina y al 2,25% para los bienes en el exterior”.
“No estamos pensando en los 100 argentinos más ricos de la lista de Forbes, que por supuesto podrían pagarlo y seguirán teniendo liquidez; sino en los 9.900 argentinos para los que pagarlo tendrá una significación mucho más importante y que son los que desaparecerán con sus medianas empresas o bien se irán del país”, evaluó.
Acompañamiento, pero con reparos
El empresario del café Martín Cabrales se manifestó a favor del impuesto, pero aclaró que “si es por una única vez”. También advirtió que la Argentina necesita una reforma fiscal para “no seguir cazando en el zoológico”.
Si bien Cabrales aceptó la posibilidad de un pago extraordinario, recordó que en la “Argentina cada vez que se puso un impuesto por una sola vez, quedaron 20 ó 30 años”, por eso pidió hablar de “aporte solidario y no de impuesto”.
Consultado sobre si votaría el proyecto si fuera legislador, el empresario dijo que se “abstendría”, dado que consideró que se debe aplicar una reforma tributaria de fondo para solucionar los problemas estructurales de la Argentina. “Creo que hay que darle una solución al problema a la pobreza estructural de la Argentina, como hay que darle una solución a la desocupación”, indicó.