La demanda desistida de Vialidad contra Cristina le costará al Estado $5 millones

Por una maniobra de Javier Iguacel el Estado deberá pagar millones de pesos en honorarios. Sentar a Cristina de Kirchner en el banquillo de los acusados antes de las elecciones presidenciales de 2019 le terminará costando a las arcas públicas una cifra proyectada en hasta un 18% del total de la demanda (que ya se encuentra desistida). Algo más de 5 mil millones de pesos.

La historia se remonta al año 2018, cuando la gestión de Mauricio Macri apuró una estrategia para llevar a juicio a la expresidenta antes de la campaña electoral. Entre las variopintas denuncias impulsadas por los diferentes organismos del Poder Ejecutivo, Vialidad Nacional -con Iguacel como su flamante administrador- inició además de la causa penal por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, una demanda civil contra todos los imputados en la causa. La DNV le reclamaba a los trece acusados, incluida la expresidenta, la cifra de $22.500.000.000 por daños y perjuicios, de manera solidaria.

En el marco de todo proceso penal existe la posibilidad de abrir también una demanda civil para reclamar un resarcimiento económico por los presuntos daños que podrían haber ocasionado los autores de los delitos investigados. Eso fue lo que hizo el 31 de enero de 2018 la Dirección Nacional de Vialidad, principal denunciante del juicio que hoy está en curso. Sin embargo, el 28 de mayo de 2018 el Tribunal Oral se declaró incompetente en la demanda civil y, entonces, la gestión macrista apeló esa decisión a la Cámara de Casación. El trámite judicial siguió su curso y la resolución sobre la competencia de la demanda civil llegó a la Corte Suprema. El punto es que sin esa definición el juicio no podría empezar. Para que se inicie un debate oral deben estar sentadas todas las partes del proceso, entre ellos, en este caso, los actores de la causa civil. Los tiempos se acortaban y comenzaba el año electoral. La foto de Cristina de Kirchner en el banquillo de los acusados antes de los comicios no iba a ser posible. Salvo que Vialidad desistiera de la demanda civil para destrabar el comienzo del proceso penal. Precisamente, eso fue lo que sucedió. Vialidad no avanzó con la demanda y, pese a numerosas denuncias por irregularidades en la investigación y planteos que quedaron pendientes en el Máximo Tribunal, el juicio tuvo su primera audiencia el 21 de mayo de 2019.

La consecuencia de esa jugada será inevitable. Un costo millonario para el Estado que, al haber desistido de la denuncia civil, deberá afrontar el pago de las “costas” del proceso civil trunco. El Código establece que cuando se desiste de una demanda, se deben regular los honorarios de las partes. Entre honorarios para los veintidós abogados intervinientes y la tasa de justicia, Vialidad deberá desembolsar un total estimado en hasta 4.500 millones de pesos.

La cifra que Iguacel buscaba cobrar de los acusados representaba casi el mismo monto que habría cobrado Lázaro Báez por las obras en la provincia patagónica. Según la acusación, durante doce años Austral Construcciones recibió “a enero de 2016, $21.269.045.836,54”. Consultados por Ámbito, casi todos los defensores coincidieron en que los exfuncionarios de Cambiemos en Vialidad incurrieron en una “conducta temeraria”, por lo que podrían, incluso, afrontar una causa penal por el perjuicio que le provocaría al Estado el inicio y la marcha atrás en la demanda civil.

Algunos de los reclamos para cobrar por parte de los abogados de los imputados ya ingresaron en Tribunales. Algunos de ellos, como el caso del defensor de Jorge Chueco, Mariano Fraguerio Frías, pedirán que las costas también se hagan extensivas a los exfuncionarios de Mauricio Macri. Todo indicaría que la mayoría de los defensores buscará cobrar lo que se les adeuda, con la excepción, quizá, del abogado de Cristina de Kirchner, Carlos Beraldi, quien –si bien tendría el mismo derecho que sus colegas- podría desistir del reclamo por tratarse del representante de la actual Vicepresidenta.

Pero, además, a pesar de contar con una dirección de Jurídicos en Vialidad -a cargo del exabogado de las empresas de autopistas, Ricardo Stoddart- Iguacel contrató a abogados externos a Vialidad para actuar en la causa civil de la que luego desistió. Ahora, ellos también podrán ponerse en la cola para cobrar. De todas maneras, como el conflicto de competencia no está resuelto, aún no queda claro quién deberá fijar las costas. Podría ser la justicia civil y comercial o el propio TOF2, a cargo del juicio penal que está en curso.

En concreto, los gastos constan de las tasas de justicia y los honorarios, que se estipulan conforme a la ley, entre un diez y un quince por ciento sobre el monto del reclamo. Vialidad pedía 22 mil 500 millones de pesos. El 10% equivale a $2.250 millones. Y, si fuera el 15%, treparía a 3.375 millones de pesos. Solo en “costas” reguladas. Todo esto, sin contar el 3% de la tasa de justicia, de $675 millones para este caso.

Los resultados del camino elegido por el Gobierno de Macri para derrotar a Cristina de Kirchner ya son conocidos, tanto en las urnas cuanto en la Justicia: fue electa Vicepresidenta en octubre del año pasado y el juicio penal no cosechó hasta el momento un solo testigo que ratifique la hipótesis delictiva en su contra. Lo que no se sabía -hasta ahora- era que la gesta infructuosa de la gestión macrista le costaría también al Estado miles de millones de pesos.