Cobrar sin trabajar: “ingreso base” que implementaría Argentina fue rechazado en Suiza en 2016 porque debilitaría la economía

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, contó la semana pasada que avanzan en un proyecto para crear un ingreso universal, o “ingreso base” post IFE que cobran unas 9 millones de personas, es decir, un subsidio permanente que se sumaría a la AUH y la Tarjeta Alimentar. 

Actualmente 19.075.211 personas reciben algún tipo de pago por parte del sector público a nivel nacional, provincial y municipal. Esa cifra representa el 42,9% de la población total.

El Gobierno prepara ese “ingreso base” para unas 3 millones de personas consideradas en “situación de alta vulnerabilidad”, del total de 9 millones que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

“Es una forma de garantizar derechos y, al mismo tiempo, de promover el consumo para reactivar la producción y la economía”, declaró a Télam Arroyo, quien comentó que está en estudio aún si se aplicará por persona o por familia ese nuevo ingreso (cuyo nombre no está definido y convivirá con la Asignación Universal por Hijo).

Posteriormente el presidente Alberto Fernández expresó su acuerdo con el otorgamiento de un ingreso universal para “aliviar la situación de los 9 millones de argentinos que están fuera del sistema”.

 

El caso suizo

 

En 2016, los ciudadanos de Suiza fueron a Referéndum para votar una iniciativa similar y el rechazo alcanzó el 78% de los votos. La iniciativa se había denominado “renta básica incondicional (RBI)” y se trataba de que el Estado pague a cada ciudadano, durante toda su vida un sueldo universal de 2.200 euros.

En declaraciones a medios locales, Roland A. Müller, director de la Unión Patronal Suiza, se mostró satisfecho con los resultados y ha alabado el “carácter razonable del pueblo suizo, era una iniciativa inviable, demasiado cara“.

Todos los grandes cantones del país votaron en contra. Zúrich (75%), Lucerna (82%), Grisones (82.2%), Valais (80,8%).

La iniciativa garantizaba un ingreso para todos los residentes en Suiza, durante toda la vida, aunque sólo en la medida en que la persona no dispusiese de un ingreso mensual equivalente. La propuesta incluía asignar 2.500 francos suizos mensuales (unos 2.254 euros) por adulto y 625 (565 euros) por cada menor de 18 años. Quienes rechazaban la medida, incluido el Gobierno, argumentaban que el coste sería demasiado alto para el Estado y que supondría un debilitamiento de la economía en un país de baja presión fiscal. 

La iniciativa requeriría ingresos adicionales para las arcas públicas de más de 22.000 millones de euros al año que iban a ser cubiertos con impuestos adicionales. 

Como parte de la campaña, los propulsores de la medida, regalaron billetes de 10 francos (nueve euros) en vez de repartir folletos, así intentaban explicar a la ciudadanía los beneficios. “Recibirla permitiría a la gente elegir su modo de vida, sin tener que preocuparse de cómo costear necesidades tales como el seguro médico privado obligatorio”, argumentaban los iniciantes asegurando que su objetivo era reducir la inequidad en un periodo en el que las diferencias salariales se disparan y la automatización está haciendo desaparecer numerosos empleos.

Asimismo, consideraban que se trataba de un medio para reconocer el trabajo no remunerado que realizan numerosas personas, en actividades como en el cuidado de los hijos o de los familiares enfermos o ancianos.

 

Al conocerse el resultado de la votación, el colectivo que lanzó esta iniciativa consideró positivo haber obtenido un 22% de apoyo y consideró que “en esta etapa ha sido una victoria hacer conocer el concepto del ingreso mínimo universal”.

 

La actual tasa de desempleo en Suiza está en el nivel más bajo de la última década: 2,4 % y a pesar de la ausencia de recursos naturales, ostenta un PIB per cápita de 86.835 dólares, el segundo más alto del mundo. 

 

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