La educación en Misiones volvió a quedar al borde de la ruta. Y no es una metáfora: padres cortando la Ruta Nacional 101, alumnos sin clases hace más de dos semanas, una escuela tomada y un comedor inexistente en una provincia que vive anunciando “inversiones históricas” y “modernización educativa”.
Mientras desde el poder se multiplican los actos, las fotos y los discursos sobre “la educación disruptiva”, en Barbacuá los chicos ni siquiera tienen un lugar digno para comer.
Lo más grave de la situación no es solamente el reclamo. Lo más grave es el silencio. Según denuncian los propios padres, ninguna autoridad del Consejo General de Educación se comunicó con ellos desde que comenzó el conflicto. Nadie dio la cara. Nadie explicó qué pasa con el sumario a la directora que la comunidad defiende. Nadie respondió por qué una escuela puede permanecer semanas paralizada sin que el Estado intervenga seriamente.
Y acá aparece otra contradicción incómoda: cuando una comunidad educativa respalda a una directora por su trabajo y decide salir a defenderla, ¿la respuesta oficial es el castigo y el abandono? Porque mientras los funcionarios hablan de “escuchar a la gente”, en San Antonio las familias sienten exactamente lo contrario: que fueron ignoradas hasta que tuvieron que cortar una ruta nacional para ser noticia.
La realidad termina rompiendo el relato oficial.
No hay “innovación educativa” posible si los chicos no tienen clases.
No hay “igualdad de oportunidades” cuando un comedor escolar sigue siendo un reclamo básico en 2026.
No hay “Estado presente” cuando las familias tienen que exponerse en una protesta para conseguir algo tan elemental como una respuesta.
La situación también deja al descubierto un problema más profundo en Misiones: la costumbre política de reaccionar solamente cuando el conflicto explota públicamente. Mientras los reclamos quedan dentro de una escuela, nadie escucha. Cuando la protesta llega a la ruta, recién aparecen los micrófonos, los comunicados y, a veces, las soluciones de emergencia.
Pero gobernar no debería consistir en apagar incendios mediáticos. Gobernar es prevenir que una comunidad educativa llegue al límite.
Y mientras tanto, los perjudicados siguen siendo los mismos de siempre: los alumnos. Chicos que hoy no discuten teorías pedagógicas ni discursos políticos; simplemente quieren volver a clases, tener un comedor digno y estudiar en condiciones normales.
Que una comunidad tenga que cortar una ruta para pedir eso debería generar vergüenza política.
Paola Wajtowichz
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