Transparencia y control del CGE: diputada propone hacer pública y sistematizar la totalidad de la normativa del organismo

MISIONES. Ante la necesidad de ofrecer cada vez más transparencia en lo que refiere a actividades de organismos del estado, además aprovechando la tecnología y el acceso a la misma, es que se ha propuesto crear el Programa de Transparencia Normativa y Digesto Jurídico Educativo Provincial. El proyecto se enfoca en el ámbito Educativo Provincial a implementarse en la esfera de competencia del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones y fue presentado e impulsado por la diputada obereña, Alba Beatriz Nilsson.

Dicha ley implicaría la aplicación de una política de transparencia activa, es decir que: “la publicación por parte del Consejo General de Educación de la totalidad de la normativa jurídica relevante emanada del mismo, deba ser realizada, sin necesidad de que ninguna persona o institución la solicite”, hecho que resulta del más básico sentido común, pero que en la actualidad aún no es así.

Por ello es que, lo que se pretende es que “el Concejo General de Educación de la Provincia de Misiones publique en su Página Web la totalidad de las normas jurídicas vigentes de alcance general y particular que tengan su origen en dicho organismo y las actualizarla debidamente, con una frecuencia no mayor a quince (15) días”. También, “se debe recopilar y ordenar la totalidad de su normativa jurídica, sistematizándola y facilitando su acceso en lo que se convertiría en el Digesto Jurídico Educativo Provincial”.

Ello, beneficiaría a los docentes ya que: “el Consejo General de Educación deberá mantener en su Página Web oficial, un servicio de publicación permanente, completo, actualizado y en formato abierto la totalidad de sus normativas mencionadas en dicho proyecto de ley de modo tal que permita su fácil identificación y su acceso gratuito en forma expedita”.

Y favorecería a los ciudadanos en general, pues “a partir de la publicidad de los actos de gobierno, y del conocimiento que de ello deriva, es posible ejercer el control Ciudadano sobre los funcionarios. Ya no sólo a través del voto en procesos electorales, el denominado control vertical; sino también en particular durante el ejercicio de las funciones de dichos representantes”.

Por ello, como se fundamenta en el proyecto: “que los actos de gobierno sean conocidos por la ciudadanía asegura la transparencia y la posibilidad de control, y termina con la omnipotencia de las autoridades públicas, que son mandatarios del pueblo soberano, que tiene el derecho de saber qué están haciendo sus gobernantes”.

Básicamente y a modo de conclusión, el proyecto de ley se estaría “contribuyendo a una mayor transparencia de la gestión pública y, por otro lado, al control y evaluación por parte de los Ciudadano de los actos de gobierno”.