Diputada de Cambiemos y ex directora de Asuntos Municipales acusada de lavado y asociación ilícita

RESISTENCIA. La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, envió hoy a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de la legisladora de Cambiemos Aída Ayala para proceder con su detención en una causa por presunto lavado agravado de activos, asociación ilícita y otros delitos en Chaco.

“Respetando la decisión judicial y con el afán de no realizar ningún acto que se entienda como entorpecimiento a la actividad investigativa, entiendo que no corresponde realizar ningún tipo de presentación en la sede judicial de Resistencia, ya que el Congreso de la Nación deberá ser quien resuelva la cuestión. En ese ámbito primeramente realizaré todas las acciones que sean necesarias para avanzar en la búsqueda de la verdad”, señaló la exintendenta de Resistencia tras la notificación.

Ayala es la máxima referente del presidente Mauricio Macri en Chaco y fue candidata a gobernadora de Cambiemos en 2015, cuando perdió con el justicialista Domingo Peppo, y tiene previsto volver a postularse para el mismo cargo en 2019.
Entre 2015 y 2017, la dirigente radical ocupó el cargo de directora de Asuntos Municipales de la Nación, dentro del Ministerio del Interior.

Antes de su tratamiento en el recinto, el pedido de la jueza deberá contar con el aval de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli, y es una incógnita qué postura adoptará Cambiemos ante este caso.

De todos modos, fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados aguardaban este viernes el ingreso del pedido judicial de desafuero y reconocieron ante NA que “hay que iniciar el proceso” y “tratarlo” porque “no hay margen para decir que no”.

Sucede que el de Ayala no es el primer caso de este tipo que debe abordar la Cámara baja: el octubre pasado el oficialismo logró una votación contundente a favor del desafuero del diputado del FPV-PJ y exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien finalmente fue detenido por la causa que investiga la presunta malversación de fondos para obras en la mina de Río Turbio.

Adelantándose a los hechos, la chaqueña destacó que se sentía “fortalecida” por “las muestras de aliento” de sus pares en la Cámara de Diputados, “como también de dirigentes nacionales de Cambiemos, y sobre todo el aliento y apoyo a través de llamados y mensajes en las redes sociales” de parte de sus comprovincianos.

“Ellos en las últimas elecciones me acompañaron masivamente para lograr el triunfo de este espacio político que encabeza el presidente Mauricio Macri”, destacó la exintendenta de Resistencia y figura del radicalismo en Chaco.

Ayala está acusada por delitos durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, entre 2003 y 2015, expediente que mantiene detenido desde hace un mes a su exyerno, el abogado y empresario Alejandro Fisher, además de otras personas.

Los delitos federales que el fiscal de Resistencia, Patricio Sabadini, le imputa a la legisladora son “lavado de activos agravado por su habitualidad y por ser miembro de una banda y funcionario público en calidad de coautor, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según indicó el fiscal, Ayala se asoció con “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

Hace cuatro años, cuando era intendenta, Ayala contrató a la firma PIMP SA, vinculada a su entonces yerno, por 500 millones de pesos para que realice el servicio de recolección de residuos de la Capital provincial.

Fisher es investigado como el supuesto dueño de la empresa PIMP que está registrada a nombre de su actual pareja; pero además, era abogado apoderado de la fundación Construir, que está en la mira de la misma causa, y jefe de campaña electoral de la diputada nacional.