MISIONES. La diputada provincial del Frente Renovador, Noelia Leyría, oriunda de Corrientes, presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Representantes para repudiar el decreto presidencial por el cual e crea la empresa “Corredores Viales SA”, que no es otra cosa que “la privatización encubierta de la Dirección nacional de Vialidad”.

“El Gobierno Nacional, a través del reciente decreto Nº 794/17, publicado en el Boletín Oficial del pasado 4/10/2017, creó por decreto la sociedad anónima ‘Corredores Viales”, que tiene bajo su órbita todo lo relativo a obras en ruta, autopistas y accesos viales nacionales; abre la puerta a la incorporación de socios privados que ganen espacio en eswta empresa, puesto que el decreto en sus considerandos establece que “ en caso de que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”.

“La sociedad estará integrada por el Ministerio de Transporte, que será tenedor del 51 % del capital social de titularidad del Estado Nacional, y por la Dirección Nacional de Vialidad, que será tenedora del restante 49 %.
“Cabe, en un breve repaso, recordar la historia de Vialidad Naiconal, institución nacional que hoy se pretende en forma lisa y llana desguazarla y entregarla a la patria contratista  Vialidad Nacional, fue creado en 1932, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo,
por Justiniano Allende Posse, a través de la Ley 11.658, que financiaba al nuevo organismo con un impuesto fijo por cada litro de nafta.

“Debido a la inflación, el Decreto Nacional 505/1958 reemplazó el monto fijo por un porcentaje (el 35%) y mediante la Ley 15.274 de 1960 se creó el Fondo Nacional Complementario de Vialidad que gravaba las ventas de cubiertas y vehículos que serviría para construir o reconstruir 15.000 km de caminos en un plazo no mayor de diez años.

“El 24 de julio de 1979, durante el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional las carreteras fueron objeto de transferencia a las provincias, por lo que la Dirección Nacional de Vialidad perdió varias de sus funciones. Hacia principios de los años ochenta los déficits
fiscales registrados por el Estado Nacional, particularmente en la segunda mitad de los años ochenta, derivaron en que una porción considerable de los recursos que tradicionalmente se orientaba a la infraestructura del sistema vial, fuera desviada hacia otros ámbitos a fin de paliar los desequilibrios en las cuentas públicas, generando un nivel de desinversión en el sector.

“!En el año 1989 apenas un tercio de la red de rutas nacionales pavimentadas se encontraba en estado transitable. En 1988 durante el gobierno radical del Dr5. Raúl Alfonsín comienzan las primeras concesiones viales a grupos privados, a través del ministro Rodolfo
Terragno, en una reunión privada se acordó que la mitad de los kilómetros se adjudicara entre los mayores contratistas, 22 por ciento al grupo Roggio, 17 por ciento Grupo Macri ,11 por ciento a Tchint.

“En 1990 se eliminaron los fondos específicos para los caminos, con lo que la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a recibir fondos directamente a partir de asignaciones indicadas en el Presupuesto General de la Nación. Ese año además el Congreso Nacioal dicta las leyes de reforma del Estado, con lo que las rutas con mayor circulación vehicular debían pasar a concesionarios privados. Las concesiones viales tuvieron problemas de diseño del marco normativo o regulatorio, las concesiones viales de los corredores viales se vieron sujetas a una casi sistemática situación de incumplimiento o renegociación de determinadas cláusulas contractuales por parte de las empresas. Con la llegada del menemismo al poder, el Grupo Mari amplió sus negocios a través de algunas de las privatizaciones consideradas escandalosas. En 1990, Servicios Viales S.A. se adjudicó la concesión de los peajes de 1.080,51 kilómetros de rutas nacionales. Incluyéndose una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Fernando de La Rua y varios de sus ministros por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de dos decretos que favorecieron a los concesionarios de las principales rutas nacionales. Entre los denunciados figura el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Gastón Plá, que había trabajado en Sideco Americana de Chile, dos firmas que forman parte del conglomerado empresario de los Macri.-

“Por Ley 17.520 (1967) se dispone la realización de obras públicas mediante la concesión a particulares, sociedades mixtas o entes públicos por el cobro de tarifas o peajes.- Por ley 23696 denominada Ley de Reformas del Estado, se dispone entre otras medidas:
“DECLARACION. Declárase en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o
mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.”
“Por ley 25561, Declárase con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la
presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente. (Párrafo sustituido por art. 1° de la Ley 25.820 B.O. 4/12/2003. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.): por art. 1º de la Ley Nº
27.435 B.O. 23/12/2016 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la vigencia de la presente Ley.

“Hoy, por Decreto 794/2017 del PEN.se dispone la constitución de la sociedad Corredores Viales SA” en el marco de la ley 19.550 de sociedades comerciales privadas, y con un capital de $200.000 con 200.000 acciones de valor nominal de $1 cada una. El capital
social estará compuesto por el Ministerio de Transporte (51%) y por la Dirección Nacional de Vialidad (49%). Estas entidades serán las tenedoras del capital accionario, y ejercerán los derechos societarios respectivos.

“Que en caso de que el interés público lo requiera (lo que determina el órgano directivo de la sociedad) podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través del procedimiento de selección correspondiente.- La sociedad estará facultada a realizar negociaciones con los gremios que correspondan para el procedimiento en su caso del traspaso del personal de Vialidad Nacional.-
Que los bienes que integran el patrimonio de Vialidad Nacional, comprensivo de inmuebles, oficinas, maquinarias, etc, pasaran en propiedad a la nueva sociedad privada.-

“Que de la forma descrita, se trata de la privatización y desguace liso y llano de una entidad de derecho público, regida por el derecho administrativo, y por la cual, por la suma de UN PESO POR ACCION, los particulares podrán adquirir acciones de una sociedad que
contiene en su patrimonio todo los bienes de Vialidad Nacional; donde los empleados que pasen a la nueva sociedad privada tendrán una relación de trabajo regida por la ley 20.744 (Ley de Contratos de Trabajo); donde la sociedad podrá vender las acciones a los particulares; donde por efecto del decreto, la nueva sociedad tendrá por objeto “ la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión por cobro de peaje que se le confiera. También comprende la realización de actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de “Areas de Servicio”; explotaciones
complementarias y explotaciones accesorias, y toda otra actividad vinculada con su objeto social”.-


Conviene resaltar que por el art. 235 inc. f del Codigo Civil y Comercial de la Nación, son bienes públicos del estado nacional, los “calles, plazas, caminos, canales puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”.-
En función de lo expuesto, no cabe otra reacción que repudiar el decreto privatizador de una entidad histórica de derecho público administrativo, de una entidad pública que contenía y administraba bienes públicos del estado nacional. Por la ridícula suma de un capital de doscientos mil pesos, en doscientas mil acciones de un peso cada una, se conferirá al sector privado, nacional o extranjero, trasladándole una actividad específica, propia e indelegable del estado nacional al sector privado, con todas las facultades que se señalan en el decreto de referencia, como asimismo toda otra actividad vinculada a los amplísimos objetivos y
facultades conferidas.-
“Trasladar una función esencial del Estado Nacional al sector privado, es perder la soberanía de los caminos y calles de la República, por más que se pretenda sostener que la propiedad sigue siendo del Estado (lo que en la práctica deviene insostenible).
Que por estas razones, se requiere formular un repudio expreso a este decreto nacional, a la constitución de una empresa de derecho privado que detentara bienes del dominio público, al hecho cierto de que administrara, cobrara, y contratara con el sector privado todo lo que sea caminos, autopistas, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”, por todo ello, solicito a mis pares, el acompañamiento en el presente proyecto de declaración”, concluyó en los fundamentos.