POSADAS y PUERTO RICO. Durante la mañana de este martes se realizan varios procedimientos en la ciudad de Posadas vinculados a una causa por contrabando. Por orden la Justicia federal, los allanamientos se llevaron adelante, en las sedes de AFIP y ADUANA (puente Posadas- Encarnación).

También hay operativos en viviendas del personal de los organismos antes mencionados y en una distribuidora cercana al centro de frontera. El despliegue de la fuerza se da en el marco de una causa por contrabando iniciada hace cuatro años en Buenos Aires.

Trabajan en la tarea personal de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina. Habría al menos cinco aduaneros detenidos por presunto delito de cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público. Los apresados serían de Eldorado, Bernardo Irigoyen y Posadas.

 

La requisa obedece a la denuncia radicada por el abogado Santiago Dupuy de Lome ante el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral sobre las presuntas irregularidades en la cual incurrirían funcionarios de Aduanas apostados en el paso fronterizo. La acusación habla de un esquema que permitiría el ingreso de mercancías de contrabando por cifras millonarias según publicó Misionesonline.

El letrado, quien habría accedido a información en base a relatos de funcionarios de la propia DGA, sostiene que la recaudación ilegal es de “30.000 a 50.000 por carril y por guardia. Se le paga al Jefe de Turno, al Jefe de Guardia de Gendarmería, al casillero de Migraciones para que registre rápido o no registre, y al jefe de los “paseros” para que avise si la Prefectura o la Policía Federal están afuera del puente. Y se juntan todas las guardias para que el Jefe de Resguardo que organiza los giros de guardia, y para el Administrador que los avala”.
Con nombres y apellidos, la denuncia acusa al aduanero jefe del puente, al titular del resguardo, al jefe de turno del sector Verificación, al jefe de registro y a los paseros que cruzarían la mercadería, de la más variada.
Los allanamientos simultáneos comenzaron a las 8.30 e incluyeron, además, a una distribuidora, a un sindicato y a los domicilios particulares de los funcionarios sospechados.