MISIONES. A fines de agosto, la distribuidora nacional de energía CAMMESA envió una carta al directorio de la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) reclamando pagos adeudados de los últimos meses que sumarían entre todos unos 400 millones de pesos.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es una empresa privada argentina sin fines de lucro, que compra la energía producida en las generadoras como Yacyretá, Salto Grande, Atucha, etc y se la vende a distribuidoras provinciales como EMSA, Edenor, Edesur, etc. Por resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el costo de compra a las generadores es a 1.060 por MW/h; que a su vez es vendido a EMSA a 630 pesos por MW/h (siendo subsidiada la diferencia con recursos del Tesoro Nacional, que a su vez recurre a endeudamiento externo para cubrir). Un actor intermediario es Transener, transporte de energía eléctrica de alta tensión, que tiene la concesión para le mantenimiento de la red interconectada nacional.

Ante la reducción de los subsidios que antes cubría el 70 % y ahora lo hacen en un 40 %, el costo mayorista de la energía pasó el último año de 320 pesos el MW/h a 630 MW/h (promedio) EMSA está abonando aproximadamente unos 200 millones por mes a CAMESSA, por lo que la deuda equivale a la energía recibida durante dos meses.

EMSA es una de las empresas del sector más deficitarias. Posee 8,7 empleados por cada 1000 usuarios, cuando su par de Jujuy EJESA SA solo tiene 1,3 empleados por cada 1000, y EDENOR/EDESUR 1.6.

En consecuencia, cada año en los últimos balances dados a conocer, EMSA perdió alrededor de 500 millones de pesos por año, mientras que comparativamente EJESA obtuvo incluso balances positivos. Además, poco más del 60 % de la energía no se factura por pérdidas en las líneas, hurto, etc.

Además, el gremio reclama falta de pago de varias deudas con los trabajadores y más contrataciones de personal para el área de mantenimiento del servicio; la Federación de Luz y Fuerza exige que la empresa le transfiera los aportes que descuenta al personal y presentaría una demanda judicial porque no se depositan fondos para la obra social.