OBERA. Lo comunicó el intendente municipal Carlos Fernández en conferencia de prensa este miércoles. La resolución del ejecutivo requiere que el Concejo Deliberante reglamente de qué manera y composición orgánica (personal) funcionará el mismo a partir del 2018, ya que el actual presupuesto no contempla gastos para este fin. Los candidatos a Defensor del Pueblo y suplente (adjunto) serán propuestos por los partidos políticos y aparecerán en las boletas de los comicios del 22 de octubre.

“Esta convocatoria, responde al mandato de la Carta Orgánica de nuestra ciudad, y en sintonía con una premisa fundamental de esta administración, ofrecer las garantías de honestidad y transparencia que nos merecemos todos los obereños, además de proteger los derechos e intereses públicos de los habitantes de nuestro municipio”, expresó el jefe comunal.

“Esta misma mañana, viajamos a Posadas para refrendar la presente Resolución e inscribir la convocatoria ante el Tribunal Electoral de la Provincia”, agregó.

La figura del Defensor del Pueblo, el sistema de elección y los atributos, fueron aprobados durante la décima sesión ordinaria de la Convención Constituyente en 2013, incorporándola a la Carta Orgánica Municipal.
El Defensor del Pueblo y el adjunto serán “elegidos por el voto directo de electores municipales en comicios generales, no debiendo coincidir con la elección del intendente”.  Durarán cuatro años en el cargo, con posibilidad de una reelección. Luego deberá esperar al menos un período para volver a presentarse. Mientras dure en sus funciones, no podrá postularse para otros cargos gubernamentales.
Los candidatos deberán tener al menos 25 años y cumplimentar los mismos requisitos que los concejales. En tanto, podrán ser removidos por las mismas causales y procedimiento que el intendente.
En cuanto a la misión del Defensor del Pueblo, por un lado se encarga de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados por las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y, por el otro, también se ocupa del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Para atender los reclamos, está facultado para realizar investigaciones. Incluso puede requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de toda la documentación que le hubiere sido negada.

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