Misiones es la cuarta provincia con más pensiones por invalidez

MISIONES. La provincia se encuentra cuarta en la cantidad de pensiones por invalidez a nivel país con 6 % del total de la población, detrás de Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Durante años, el reparto de estas pensiones a personas que no lo necesitaban fue un recursos clientelar de intendentes que, con firmas de médicos cómplices, entregaron pensiones a amigos, familiares, etc que no cumplían con los requisitos del 76 % de discapacidad para trabajar. Se han detectado municipios con hasta 38 % de personas percibiendo pensiones por invalidez.

Lamentablemente y en una clara desprolijidad del gobierno nacional, entre las bajas se encuentran miles de personas a las que sí les correspondían la pensión y ahora deben llamar al 0-800-222-3294 o dirigirse a las sucursales del ANSES más cercanas para reclamar, con la burocracia que esto implica, además de haberse quedado sin percibir el mes actual.

En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio de baja 70.000 pensiones por invalidez, 7000 titulares que estaban recibiendo ese beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de invalidez que requiere el decreto 432/97.

La norma contempla que el Estado puede suspender o cancelar la prestación cuando el beneficiario no cumple con los requisitos.

Uno de los requisitos para acceder a la pensión es «no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna». Sin embargo, el 30% de los titulares de las pensiones que están suspendidas tiene una pareja con alguno de las ayudas enumeradas.

El 8% -o sea, 5600- no posee una incapacidad del 76% para trabajar. Esto contradice uno de los requisitos del decreto. Hay registros que indican que hay beneficiarios con menos de un 66% de invalidez.

Un 10% tiene empleo en blanco y había omitido informarlo, según surgió al cruzar las bases de datos. Para recibir la pensión, quien la solicita «no debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia».

Al 3% se le detectó que era propietario de automóviles con dos o tres años de antigüedad u otros bienes.

A pesar de que un 3% había renunciado al beneficio por motivos personales, seguía cobrando los 4776 pesos de la pensión. O, si vive desde La Pampa hacia el sur del país, son 6686 pesos.

Un 4% de las pensiones que se investigan corresponde a titulares que conviven con familiares que tienen un ingreso de 19.200 pesos o más. El decreto indica que el titular no debería «tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos (…) ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo».

También, la revisión identificó a 18.900 adultos mayores que están recibiendo esta prestación y podrían mejorar su ingreso un 10% con otro beneficio social de la Anses, según indicó Badino. «Pueden tener o no invalidez, pero se les dará la opción de continuar recibiendo la pensión actual o acceder a una prestación mejor», agregó.

 

Por el decreto 432, de 1997, hay 1,5 millones de beneficiarios de pensiones a la vejez y por invalidez: 1.061.265 corresponden a la segunda categoría, lo que equivale a 70.000 millones de pesos. Otros 370.000 son madres con siete hijos y 70.000 son pensiones graciables que otorgó el Congreso de la Nación. El resto son ex presidentes y vicepresidentes o medallistas olímpicos, entre otros.

De hecho, la OA informó que investigará el otorgamiento de pensiones durante el kirchnerismo. Todo quedará en manos de la Dirección de Investigaciones a cargo de Ignacio Irigaray.