El senador nacional de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, quedó nuevamente bajo la lupa por su actividad privada. Glocal Terra SRL, la empresa que fundó junto a su esposa y que se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de inversores, recibió en mayo de este año un préstamo por $119.495.000 del Banco Nación, según una investigación publicada por Diagonales.
El dato adquiere dimensión política por el momento en el que se conoció. Benegas Lynch fue uno de los defensores del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei, cuyo texto original pretendía modificar el régimen de tierras rurales y ampliar el margen para la adquisición por parte de extranjeros. Ese capítulo finalmente tuvo que ser retirado por el oficialismo ante la falta de votos en el Senado.
La situación puso en discusión un posible conflicto de intereses: mientras el senador defendía una modificación legislativa que podía ampliar el mercado de tierras para capitales extranjeros, su propia empresa ofrece justamente servicios destinados a propietarios e inversores del exterior. Benegas Lynch rechazó esa acusación en el recinto y sostuvo que la eventual modificación constituía un beneficio general para el sector agropecuario y no un privilegio particular para su compañía.
Casi $120 millones del banco estatal
De acuerdo con la investigación de Diagonales, Glocal Terra recibió en mayo un préstamo de $119.495.000 del Banco Nación. Para junio, siempre según la documentación consultada por ese medio, la deuda registrada de la empresa con la entidad bancaria había ascendido a aproximadamente $170 millones.
El punto resulta incómodo para el discurso libertario sobre el rol del Estado. Una empresa cuyo gerente es un senador oficialista y que trabaja en un negocio vinculado a la compraventa y administración de campos obtuvo financiamiento de una entidad financiera pública mientras el Congreso discutía una reforma que podía modificar las condiciones del mismo mercado en el que opera.
La investigación de Diagonales sostiene además que, de acuerdo con los registros que pudo consultar, no aparecían otros préstamos del Banco Nación otorgados a Glocal Terra durante al menos los dos años anteriores. El crédito de 2026 sería, bajo esos registros, el primer financiamiento reciente de esa entidad a la compañía.
La empresa de Benegas Lynch y los inversores extranjeros
Glocal Terra no es una sociedad desconocida para el senador. Su constitución fue publicada oficialmente en marzo de 2020 y allí figuran como socios fundadores Joaquín Alberto Benegas Lynch y Eloísa Perea Muñoz. El objeto social contempla, entre otras actividades, la gestión y administración de bienes urbanos y rurales propios y de terceros.
La propia página de la compañía explica que trabaja en administración de establecimientos agropecuarios y forestales y que actúa en representación de propietarios de tierras que residen en el extranjero. También señala experiencia en valuaciones de más de 400.000 hectáreas en América Latina y en la gestión de grandes extensiones agrícolas y forestales.
Benegas Lynch reconoció públicamente su participación en la empresa cuando la controversia llegó al Senado. “Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años”, afirmó durante la sesión. También sostuvo que Glocal Terra asesora compras de campos tanto de argentinos como de extranjeros y remarcó que su participación societaria figura en su declaración jurada.
Los $209 millones en Glocal Terra y una deuda llamativa
La declaración jurada patrimonial del senador agrega otro elemento. Benegas Lynch informó una participación en Glocal Terra valuada en aproximadamente $209 millones, además de una participación superior a los $27 millones en Finca Luracatao SA. Su patrimonio declarado ascendía a más de $777 millones, según el análisis de la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Pero hay un dato todavía más particular: el senador declaró también una deuda superior a $330 millones con su propia empresa. Otras reconstrucciones de su declaración jurada ubican ese pasivo alrededor de los $340 millones. Es decir, Benegas Lynch aparece simultáneamente como socio de Glocal Terra y como deudor de la compañía.
La existencia de esa deuda no implica por sí misma una irregularidad. Sin embargo, por su magnitud y por tratarse de una obligación entre el funcionario y una sociedad de la que participa, constituye un elemento relevante de su fotografía patrimonial, especialmente ahora que las actividades de Glocal Terra quedaron expuestas en medio del debate legislativo.
El conflicto de intereses llegó al Senado
La vinculación empresarial provocó incluso un planteo opositor para que Benegas Lynch no participara de la votación. La senadora Juliana Di Tullio cuestionó su intervención por considerar que podía existir un interés económico relacionado con la modificación del régimen de tierras.
Benegas Lynch rechazó el planteo. “Un beneficio general no es un privilegio particular”, respondió, y sostuvo que una mejora de las condiciones para el sector agropecuario podría favorecer a numerosas empresas y productores y no exclusivamente a Glocal Terra.
La discusión terminó teniendo otro desenlace: el Gobierno no consiguió los votos necesarios para avanzar con el capítulo referido a la extranjerización y debió eliminarlo. El proyecto había contemplado elevar el límite nacional de superficie rural en manos extranjeras, una modificación que quedó afuera antes de la votación.
Negocios privados, banca pública y una discusión incómoda para LLA
El caso reúne así tres elementos políticamente sensibles: un senador oficialista que participa activamente de una empresa vinculada al mercado de tierras; un Gobierno que intentó modificar las restricciones para compradores extranjeros; y un crédito de casi $120 millones otorgado por el Banco Nación a esa misma compañía.
Por ahora, la información disponible no demuestra que el préstamo haya sido irregular ni que Benegas Lynch haya recibido un tratamiento crediticio preferencial. Para sostener eso sería necesario conocer las condiciones del crédito, tasa, garantías, línea utilizada y compararlas con las ofrecidas por el Banco Nación a otras empresas. Lo comprobado es la existencia del financiamiento reportado y la vinculación societaria del senador.
La controversia, sin embargo, instala una pregunta política que La Libertad Avanza tendrá dificultades para esquivar: cómo compatibiliza el senador su participación en un negocio que asesora a propietarios e inversores extranjeros, el financiamiento recibido de un banco público y su intervención legislativa en una reforma que buscaba flexibilizar las restricciones sobre la tierra argentina.
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