Nunca imaginé que, después de más de veinte años de haber vendido un vehículo, iba a despertarme una mañana convertido nuevamente en su supuesto responsable.
Hace pocos días recibí una notificación de una infracción de tránsito captada por un radar en la provincia de Corrientes. Hasta allí podría parecer una situación habitual, salvo por un detalle que cambia completamente la historia: el vehículo involucrado dejó de pertenecerme hace 23 años.
No se trata de una discusión sobre si la infracción existió o no. Tampoco pretendo justificar a quien realmente conducía ese automóvil. El problema es mucho más grave: el sistema decidió señalarme a mí, una persona que no tiene absolutamente nada que ver con ese hecho.
En julio de 2003 vendí ese vehículo y cumplí con todas las obligaciones legales. Realicé la correspondiente Denuncia de Venta ante el Registro Nacional del Automotor, justamente para dejar constancia de que, desde ese momento, dejaba de ser responsable por el uso del rodado.
Sin embargo, el radar detectó una patente en diciembre de 2025 y, varios meses después, apareció en mi correo electrónico una intimación para pagar una multa superior a los 200 mil pesos, con el clásico incentivo del «descuento por pago voluntario» si abonaba rápidamente.
Confieso que la primera sensación fue de desconcierto. Revisé varias veces la notificación creyendo que se trataba de un error de destinatario. Pero no. Mi nombre estaba allí. Mi DNI estaba allí. La intimación estaba dirigida a mí.
En ese momento uno siente una mezcla de sorpresa, impotencia y bronca. Porque el sistema no pregunta. No verifica. No duda. Primero acusa y después espera que sea el ciudadano quien demuestre su inocencia.
Lo más llamativo es que la propia Administración tenía herramientas para evitar este error. Bastaba consultar correctamente la situación registral del vehículo para comprobar que hacía más de dos décadas que yo había dejado de ser su titular. Sin embargo, esa verificación aparentemente nunca existió, o resultó completamente ineficaz.
Y aquí aparece una pregunta inevitable.
Si el sistema es capaz de enviar una multa a una persona desvinculada del vehículo desde hace veintitrés años, ¿cuántas otras personas estarán recibiendo intimaciones similares? ¿Cuántos ciudadanos terminan pagando por miedo, por desconocimiento o simplemente para evitarse problemas, aun cuando no les corresponde hacerlo?
Siempre se nos presenta a estos radares como herramientas destinadas a mejorar la seguridad vial. Y nadie discute que controlar la velocidad o el cumplimiento de las normas puede salvar vidas. Lo que sí merece ser discutido es la calidad del procedimiento administrativo que viene después.
Porque un sistema serio no solamente debe detectar una infracción. También debe identificar correctamente al responsable.
Cuando eso falla, el objetivo deja de parecer la seguridad vial y comienza a instalarse otra sensación mucho menos saludable: que lo importante es emitir la mayor cantidad posible de multas y que, si alguna termina en manos equivocadas, será el ciudadano quien deba perder tiempo, presentar descargos y demostrar que el Estado se equivocó.
Eso fue exactamente lo que me ocurrió.
Hoy soy yo quien debe explicar que no manejaba ese vehículo, que no soy su propietario desde hace veintitrés años y que ya había cumplido con todos los trámites legales cuando lo vendí. Es decir, debo defenderme de una acusación que jamás debió existir.
La situación genera una enorme angustia. No porque tema una condena, sino porque uno descubre lo frágil que puede resultar un sistema que presume responsabilidades sin verificar adecuadamente la información de la que dispone.
La tecnología puede ser una gran aliada para mejorar el control del tránsito. Pero cuando la automatización reemplaza al sentido común y a los controles mínimos, deja de ser una garantía de eficiencia para convertirse en una fábrica de errores.
En mi caso, la infracción no la cometí yo.
Y me atrevo a decir que tampoco la cometió el radar.
La verdadera infracción la cometió un sistema administrativo que, antes de acusar a un ciudadano, olvidó hacer lo más importante: comprobar que estaba acusando a la persona correcta.
Por Jorge Rogelio Zir
Difusora Zeta
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