El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, salió a aclarar el funcionamiento del programa provincial de bonos de carbono luego de las críticas realizadas por el diputado Miguel Núñez, quien había cuestionado la iniciativa y sostuvo que los productores privados quedaban excluidos de los beneficios.
Durante una entrevista en FM Show, Safrán aseguró que las afirmaciones del legislador «tergiversan completamente» el alcance del programa y defendió un esquema que, según destacó, permitió a Misiones convertirse en una de las primeras jurisdicciones del mundo en certificar créditos de carbono a escala provincial.
Qué certificó Misiones
El programa reconoce la reducción de la deforestación y la conservación de la selva nativa. Según explicó el ministro, la provincia logró demostrar que entre 2017 y 2022 redujo la pérdida anual de bosque de unas 20.500 hectáreas a cerca de 5.400 hectáreas.
Esa disminución fue auditada y certificada por Verra, una de las principales certificadoras internacionales del mercado de carbono, que validó la emisión de 10.914.085 créditos de carbono para Misiones.
Cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono que dejó de liberarse a la atmósfera gracias a la conservación de la selva.
Los productores privados, dentro del esquema
Uno de los principales cuestionamientos apuntaba a que los beneficios quedarían exclusivamente en manos del Estado provincial. Safrán rechazó esa interpretación y sostuvo que los propietarios privados pueden incorporarse al programa.
Explicó que quienes posean monte nativo registrado pueden inscribirse y participar del sistema. Además, señaló que existe la posibilidad de desarrollar proyectos propios, aunque admitió que los costos técnicos y administrativos suelen ser elevados para pequeños productores.
«Los privados participan y tienen una parte específica de los recursos que se generen», remarcó.
Cómo se repartirán los fondos
El funcionario aclaró que, por el momento, los créditos fueron certificados pero todavía no vendidos, por lo que aún no ingresaron recursos a la provincia.
Una vez concretadas las ventas, los ingresos se distribuirán en tres fondos:
40% para fortalecer las tareas de control y conservación que realiza el Ministerio de Ecología.
30% destinado directamente a los propietarios privados que forman parte del programa.
30% para financiar proyectos orientados a reducir la deforestación y preservar la selva nativa.
Según Safrán, el objetivo es que una parte importante de los recursos vuelva a quienes conservan el bosque en sus propiedades.
Cuánto dinero podrían generar los créditos
El valor final dependerá del mercado donde se comercialicen los créditos.
Actualmente, en el mercado voluntario internacional, cada crédito ronda los 5 dólares. Bajo ese escenario, los más de 10,9 millones de créditos certificados representarían un volumen potencial superior a los 50 millones de dólares.
Sin embargo, la provincia busca que los créditos sean reconocidos dentro de los compromisos climáticos nacionales para acceder al mercado regulado, donde los valores pueden multiplicarse y ubicarse entre 30 y 50 dólares por crédito.
Una superficie equivalente a la mitad de Misiones
Safrán indicó que la certificación alcanzó aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de selva nativa, una superficie que representa cerca de la mitad del territorio provincial.
El ministro sostuvo que el programa busca generar un incentivo económico para conservar el bosque y reducir el avance de la frontera agrícola, transformando la preservación ambiental en una fuente de ingresos para la provincia y para los propietarios privados que mantienen monte nativo en sus tierras.
La respuesta a Núñez
Sobre las críticas del diputado Miguel Núñez, Safrán fue categórico y aseguró que existe un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado de carbono.
El funcionario insistió en que el programa no implica vender tierras ni ceder soberanía sobre la selva misionera, sino obtener una compensación económica por demostrar, mediante auditorías internacionales, que la provincia logró reducir la deforestación durante los últimos años.
De esta manera, el Gobierno provincial busca avanzar ahora en la etapa comercial, con la expectativa de concretar la venta de los créditos certificados y transformar ese reconocimiento ambiental en recursos para la conservación y el sector productivo.
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