Trabajadores del Hotel Bagu Urbano, ubicado sobre calle Bolívar 2176 de la ciudad de Posadas, denuncian una serie de incumplimientos laborales que, según afirman, se arrastran desde diciembre de 2022, cuando la actual concesión asumió la administración del establecimiento.
Actualmente trabajan entre 40 y 45 personas, incluyendo personal de distintas áreas y gerencia. Algunos empleados cuentan con más de 15 años de antigüedad y continuaron desempeñando sus funciones tras el cambio de concesión ocurrido el 1 de diciembre de 2022.
Según relatan, desde el inicio de la nueva gestión los salarios nunca volvieron a abonarse en tiempo y forma. Los pagos se realizan de manera parcial, en cuotas y, en numerosas ocasiones, se extienden al mes siguiente.
Un hotel estatal bajo concesión privada
La situación adquiere especial relevancia debido a que el Hotel Bagu Urbano funciona en un edificio perteneciente al Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones.
Además, la historia reciente de la concesión ya había estado rodeada de cuestionamientos. En octubre de 2022 trascendió públicamente que el IPS analizaba revocar la concesión que mantenía la empresa HA Hoteles Álvarez Argüelles luego de inspecciones en las que se habrían detectado presuntas irregularidades laborales y previsionales.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2022, el organismo retomó de manera interina la administración del establecimiento mientras avanzaba el proceso para una nueva concesión. Meses después, el hotel comenzó a operar bajo la marca Bagu Urbano.
Los trabajadores sostienen qu e, desde entonces, los problemas laborales no solo continuaron sino que se profundizaron con el paso de los años.
Salarios en cuotas y aguinaldos demorados
Los empleados afirman que durante los últimos meses la situación se agravó considerablemente.
Como ejemplo, señalan que al momento de realizar esta denuncia habían recibido únicamente 200.000 pesos correspondientes al sueldo de mayo de 2026, sin haber percibido aún la totalidad de los haberes adeudados.
También denuncian que el aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 recién terminó de abonarse en junio de 2026, luego de reiterados reclamos y presiones por parte del personal.
Según indican, la empresa les hizo firmar un acuerdo mediante el cual ese aguinaldo sería abonado en seis cuotas. Sin embargo, aseguran que incluso esos plazos terminaron incumpliéndose.
Otro de los reclamos apunta a una supuesta desigualdad en los pagos. Mientras algunos trabajadores reciben parte de sus haberes, los encargados de distintas áreas suelen quedar excluidos de esos desembolsos parciales y deben esperar aún más tiempo para percibir sus salarios.
Pagos por Mercado Pago y descuentos sin cobertura
Los trabajadores afirman que actualmente parte de los salarios se abonan a través de Mercado Pago.
Asimismo, sostienen que continúan sufriendo descuentos en sus recibos de sueldo destinados a obra social y jubilación, pero que no cuentan con cobertura efectiva ni tendrían acreditados los aportes correspondientes.
Según indican, esta situación puede verificarse mediante consultas realizadas ante los organismos competentes.
«Nos descuentan todos los meses, pero cuando necesitamos atención médica descubrimos que no tenemos cobertura», expresan.
Además, denuncian encontrarse sin ART, situación que los deja desprotegidos frente a cualquier accidente laboral.
Dos razones sociales y un mismo problema
Según explican los empleados, dentro del hotel conviven dos razones sociales: Bagu Urbano y Mile Hoteles Bonaerenses.
Sin embargo, aseguran que los incumplimientos denunciados afectan a trabajadores registrados bajo ambas firmas.
También señalan que durante años los pagos fueron realizados mediante transferencias bancarias comunes y no a través de cuentas sueldo, situación que, según afirman, les generó descuentos y costos adicionales.
El rol de la administración
De acuerdo con los testimonios recogidos, quien habitualmente se presenta ante los trabajadores para brindar explicaciones sobre la situación de la empresa es Ernesto Casaretto.
Los empleados señalan que, ante los reiterados reclamos por salarios atrasados, falta de aportes y otras irregularidades denunciadas, la explicación recurrente ha sido la difícil situación económica que atraviesa la actividad.
Sin embargo, sostienen que el hotel mantiene actividad durante todo el año y cuestionan que, pese al tiempo transcurrido, no se hayan regularizado las obligaciones laborales reclamadas.
Reclamos sin respuestas
Los trabajadores aseguran haber presentado reclamos ante el IPS, el Ministerio de Trabajo y el sindicato UTHGRA.
Sin embargo, sostienen que hasta el momento no obtuvieron soluciones concretas.
También manifiestan que existe temor entre los empleados a reclamar públicamente por miedo a represalias o despidos.
Según relatan, varios trabajadores que fueron despedidos o decidieron retirarse aún continúan reclamando salarios e indemnizaciones impagas. Algunos casos terminaron en el Ministerio de Trabajo y otros en la Justicia.
Incluso denuncian la existencia de acuerdos incumplidos y cheques rechazados por falta de fondos.
El impacto en las familias
Detrás de cada retraso salarial existe una realidad que afecta directamente a decenas de hogares misioneros.
Los trabajadores relatan que muchas veces deben prestarse dinero entre compañeros para poder afrontar gastos básicos o incluso costear el traslado hacia sus lugares de trabajo.
Muchos son sostén económico de sus hogares y dependen exclusivamente de ese ingreso para cubrir alimentación, alquileres, medicamentos y servicios esenciales.
A las dificultades económicas se suma el desgaste emocional y psicológico generado por años de incertidumbre, atrasos salariales y falta de respuestas.
«No saber cuándo vas a cobrar ni si vas a tener cobertura médica genera una angustia permanente», expresan.
Un pedido de visibilización
Los trabajadores aseguran que su intención no es obtener privilegios ni protagonismo, sino que se respeten derechos laborales básicos como el cobro de salarios en tiempo y forma, los aportes previsionales, la cobertura de obra social y las condiciones de seguridad laboral.
Después de más de tres años y medio de reclamos, esperan que la difusión pública de la situación contribuya a que los organismos competentes intervengan y se encuentren soluciones concretas para las decenas de familias afectadas.
Por Paola Wajtowichz
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