Tanto en Oberá como en Posadas, durante la tarde de este miércoles 3 de junio, se realizó una movilización denominada #3J reclamando políticas públicas para prevenir y sancionar los actos relacionados a la violencia de género. Las protestas se enmarcaron tras los recientes femicidios de las adolescentes Agostina Vega de Córdoba y Dulce María Beatriz Candia, de Eldorado.
El acto además fue el ámbito de expresión de las manifestantes que cuestionaron el discurso «misógino y violento del Presidente de la Nación (Javier Milei) y de su entorno, que se traduce en políticas de ajuste y represión sobre todos los sectores más vulnerables de la sociedad», señalaron desde la CTA Misiones.
En Oberá, referentes de varias organizaciones sociales y colectivos de género se expresaron en el Centro Cívico para recordar a las víctimas de femicidio y clamar por ni una menos.
En Posadas, la movilización partió cerca de las 17 hs del Mástil Municipal para recorrer las calles céntricas rumbo a la Plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto. Se trató de una columna nutrida, compacta y ruidosa, con amplia mayoría de mujeres y niñas que expresaron a viva voz la indignación y la preocupación ante los continuos casos de femicidios.
Una vez en la plaza se realizó el acto, en el cual se les dio la palabra en primer lugar a las familias de las víctimas de femicidios que estuvieron presentes, entre las cuales el dolor y la indignación ante la falta de respuestas institucionales y la mora judicial fueron la nota común.
Posteriormente, tomaron la palabra militantes y referentes de las organizaciones presentes, que en sus intervenciones apuntaron sus críticas a las decisiones políticas que desmontaron las políticas de género a nivel nacional, así como a las instituciones locales, en particular la policía y la justicia.
Se llamó la atención sobre el caso de Dulce Beatriz Candia, la adolescente asesinada en Eldorado y cuyo cuerpo fue hallado por sus vecinos días atrás, como un caso paradigmático de la violencia institucional, la indolencia y la desidia que recae sobre familias ya vulneradas por las políticas de ajuste y de retiro de asistencias por parte del Estado.
Las cifras de relevamiento de casos muestran datos preocupantes y confirman lo que desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias se vino señalando en cuanto a los efectos letales del abandono y vaciamiento de las políticas públicas que se habían diseñado en materia de prevención, asistencia y acompañamiento ante la violencia de género.
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