En el paraje Colonia San Isidro, a unos 15 o 20 kilómetros de la Ruta Provincial 17, en el municipio de Pozo Azul, hay una pequeña escuela que se mantiene en pie gracias al compromiso de vecinos, voluntarios y familias que se resisten a que sus hijos queden sin educación.
Allí hay 34 niños, desde nivel inicial hasta séptimo grado, que esperan algo tan básico como un docente y el reconocimiento formal de la institución donde estudian.
La escuela busca convertirse en Aula Satélite de la Escuela N.º 108 del kilómetro 80, pero todavía no fue creada oficialmente y no cuenta con un maestro designado por el Estado. Mientras tanto, el tiempo pasa y la infancia de estos chicos sigue avanzando.
Sin embargo, esta historia también tiene héroes.
No son funcionarios ni ocupan cargos públicos. Son vecinos comprometidos con la educación. Sebastián Artaza y Mariela Rodríguez son los dos voluntarios que, hasta el momento, sostienen el acompañamiento educativo de los alumnos. Una vez por semana llegan hasta la escuelita para brindar clases de apoyo y evitar que los niños pierdan el vínculo con el aprendizaje.
A ellos se suman las madres de la comunidad, que colaboran permanentemente con los más pequeños, acompañan las actividades y preparan chocolatada y cucas para compartir. Cada jornada es el reflejo de una comunidad que hace todo lo que está a su alcance para que los chicos no queden abandonados.
Los alumnos viven en los alrededores de la escuela. Los más alejados recorren aproximadamente cuatro kilómetros para asistir. Pero si esta escuelita no existiera, la escuela más cercana se encuentra a unos 15 kilómetros, en Colonia Unida, una distancia que para muchas familias rurales representa una barrera enorme.
Detrás de cada niño hay una historia. Hay familias que trabajan la tierra, que luchan diariamente para salir adelante y que entienden que la educación es una de las pocas herramientas capaces de cambiar el futuro de sus hijos.
Pero también existe una pregunta que sigue sin respuesta.
Según relatan los vecinos, una de las explicaciones que habría dado el Consejo General de Educación para no avanzar con la creación formal de la escuela estaría relacionada con la situación dominial de las tierras donde funciona el establecimiento.
Sin embargo, quienes viven en Pozo Azul sostienen que la realidad de la zona es mucho más compleja.
Pozo Azul existe desde hace más de cuatro décadas y recién se convirtió en municipio hace pocos años. Durante gran parte de su historia, numerosos terrenos atravesaron situaciones de regularización incompleta. Según recuerdan los pobladores, muchas operaciones se realizaban mediante acuerdos de palabra con la antigua Colonizadora Misionera, una práctica habitual en la región durante muchos años.
Los vecinos explican que no se trataba necesariamente de ocupaciones ilegales, sino de acuerdos informales que quedaron pendientes de regularización documental. Incluso, afirman que muchas familias llegaron a pagar sus tierras, aunque los trámites formales nunca se completaron.
La situación se agravó tras la muerte del antiguo propietario de la empresa. Según cuentan quienes conocen la historia local, comenzaron conflictos por terrenos que durante años habían sido habitados bajo acuerdos previos. Aquellos desacuerdos derivaron en reclamos, enfrentamientos judiciales, protestas y un histórico corte de ruta que se extendió durante aproximadamente 40 días.
Los habitantes recuerdan además un desalojo que describen como muy violento y señalan que recién después de aquellos conflictos comenzaron a entregarse títulos de propiedad en distintos sectores de la zona.
Aun así, aseguran que todavía hoy existen vecinos que no poseen la documentación definitiva de sus terrenos.
Por eso surge una pregunta que muchos pobladores se hacen: si durante años se construyeron escuelas primarias, secundarias, edificios públicos, dependencias policiales, centros de salud e incluso la propia estructura municipal en un contexto de regularización progresiva de tierras, ¿por qué ahora esa situación impediría garantizar la educación de 34 niños?
Mientras las respuestas oficiales no llegan, la comunidad sigue haciendo lo que siempre hizo: organizarse.
Los voluntarios enseñan.
Las madres acompañan.
Los niños esperan.
Esperan tener clases todos los días.
Esperan un maestro propio.
Esperan que alguien escuche su realidad.
Porque detrás de cada trámite hay un niño que quiere aprender.
Y porque la solidaridad de una comunidad puede sostener una escuela durante un tiempo, pero nunca debería reemplazar la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación.
En Colonia San Isidro, la esperanza sigue viva.
Tiene el rostro de 34 niños.
Y el compromiso silencioso de quienes se niegan a dejarlos solos.
Por Paola Wajtowichz
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