La defensoría emitió un comunicado tras haber recibido una pobre respuesta por parte del ejecutivo respecto a cuántas sanciones aplicó a las empresas Next y Guacurarí por irregularidades en los servicios, y de qué montos. La oficina municipal de Movilidad Urbana, a cargo de Fabián Pizzuti, no brinda estos datos a la defensoría.
Respuestas de Movilidad Urbana, vacío de contenido útil
El Defensor del Pueblo entiende que, como tal, debe ser quién defienda los derechos e intereses de todos los habitantes de Oberá y en ese sentido debe ser la voz de quienes sienten que ellos han sido vulnerados y no encuentran respuestas adecuadas por quienes debieran darlas.
En este marco y con relación al transporte urbano de pasajeros, «debo recalcar que es uno de los temas en que hemos estado siempre presentes y actuando en defensa de los usuarios de dicho servicio y lo seguimos haciendo, insistiendo y perseverando con el objetivo de lograr la mejor prestación posible para Oberá», señalaron desde la defensoría.
«La Defensoría del Pueblo, realizó varios pedidos al área de Movilidad Urbana y nunca recibió respuestas con la necesidad y urgencia de los casos, en esta semana se recibió una respuesta a través del Área de Movilidad Urbana y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, resulta incongruente, elusiva y vacía de contenido útil, expresa en centenares de palabras información no solicitada y omite (cuando no directamente oculta) la información requerida por la Defensoría», agregaron.
«Por tal motivo se volvió a solicitar que procedan a proporcionar de manera formal, completa y sin ambigüedades un informe consistente en el listado de procedimientos administrativos sancionatorios que se hayan iniciado», finalizaron.
En caso de que la municipalidad no responda o lo haga sin precisiones, la defensoría podría iniciar acciones judiciales.
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