En la previa a las PASO de agosto y las generales de octubre, la Cámara Nacional Electoral resaltó la necesidad de promover políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.
Así, pidió a los gobernadores de todo el país a coordinar esfuerzos y a los jueces de todo el país que les informen sobre las causas en trámite por estos delitos donde se encuentren involucradas autoridades de un partido político, sus apoderados, candidatos o funcionarios públicos electos.
Mediante la Acordada Extraordinaria N° 45/2023, firmada por sus tres integrantes -Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas- la Cámara solicitó información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico, en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas. El pedido de información fue elevado a las Cámaras Federales de la Capital Federal y del interior del país y a los Tribunales Superiores de Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Del mismo modo, el Tribunal señaló que la experiencia comparada indica que los intentos del narcotráfico para influir con el financiamiento de campañas en los comicios para cubrir cargos públicos electivos, suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales con algún control territorial, cuya regulación y fiscalización queda fuera del régimen nacional. Sucede que el control federal se aplica a las campañas nacionales, mientras que en las provinciales, la supervisión del financiamiento partidario es responsabilidad de cada jurisdicción.
Sobre el punto, se explica que los avances que se han hecho en materia de transparencia y control del financiamiento político partidario, deben profundizarse con lazos de cooperación entre las entidades estatales (nacionales, provinciales y municipales) con las que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito. En este punto, sugirió al Congreso Nacional establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”.
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