$113.000 millones: Gobernadores y diputados reclaman más subsidios al transporte

Mientras la UTA prepara un nuevo paro en el interior, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal amenazaron con no acompañar el proyecto si no hay aumento de fondos.


El tratamiento del Presupuesto 2023 entra en la recta final en Diputados: el Frente de Todos pretende que este jueves quede firmado el dictamen del proyecto para que sea tratado en el recinto la semana que viene. Sin embargo, el panorama comenzó a complicarse. Desde los bloques opositores de Juntos por el Cambio e Interbloque Federal advirtieron que no acompañarán a menos que se aumenten los fondos destinados al transporte público del interior, un reclamo que también genera fisuras en el oficialismo por presión de los gobernadores.


Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya anuncia un paro de 72 horas de colectivos de media y larga distancia para la semana que viene, la discusión por los subsidios al transporte interior sobrevoló todo el debate del proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el oficialista Carlos Heller, que tiene previsto volver a reunirse este jueves a las 10 de la mañana en busca del dictamen.
Pero este miércoles se produjo un encuentro del que participaron el radical Jorge Rizzotti, titular de la Comisión de Transporte; Mario Negri, el jefe del bloque UCR, Carolina Castets (CC-ARI) y Germana Figueroa Casas (PRO), el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, Enrique Estévez (Socialista) y Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense), entre otros, con intendentes.


Los legisladores enviaron una nota a Carlos Heller exigiéndole que este jueves, cuando la Comisión de Presupuesto tenía previsto reunirse para emitir un dictamen, se trate primero el proyecto de Emergencia que ya tiene dictamen de la Comisión de Transporte. La iniciativa establece elevar de $46.000 a $59.500 millones el monto de subsidios de 2022 previsto para el transporte del interior, es decir, una suba de $13.500 millones antes de que termine el año. De caso contrario, amenazaron con no acompañar el Presupuesto 2023.


Pero el reclamo no termina allí. En línea con el recorte de subsidios acordado con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Sergio Massa, estableció en el Presupuesto 2023 una partida de $66.000 millones para el Fondo de Compensación al transporte del interior, donde el boleto ya se cobra entre el doble y el triple de lo que se paga en el AMBA. Los diputados opositores y legisladores oficialistas que responden a mandatarios provinciales plantean que el monto debería ascender a $113.000 millones.


Massa se reunió el martes en Santiago del Estero con una decena de gobernadores del Norte Grande, casi todos oficialistas, con excepción del jujeño Gerardo Morales, del radicalismo. A través de un comunicado, los mandatarios expresaron que se alcanzó un acuerdo con el ministro para asignar “$85.000 millones para el Presupuesto 2023 como piso para corregir las asimetrías entre jurisdicciones en materia de subsidios”. Lejos de los $113.000 millones reclamados.


Advirtieron además que “este aumento de recursos no implicará aumento en el gasto público nominal, sino reasignación de partidas previstas en el proyecto enviado al Congreso”.
En el Ministerio de Economía no aclararon cuáles serán las partidas reasignadas o dónde se ejecutarán los recortes para aumentar los subsidios al transporte del interior. Tampoco indicaron cómo afectará la meta de reducción de subsidios acordada con el FMI, que guía las variables centrales del Presupuesto 2023.


Los cambios que reclama la oposición al Presupuesto 2023


Más allá de la discusión por los subsidios al transporte del interior, entre la oposición y el oficialismo ya habían comenzado las negociaciones para introducirle cambios al proyecto de Presupuesto 2023 que envió Economía.
Una de las críticas más evidentes de la oposición al proyecto es la meta de inflación fijada en 60% para el próximo año, que incluso Sergio Massa advirtió que podría ser menor. En Juntos por el Cambio planteaban la posibilidad de introducir una “cláusula gatillo” para que el Congreso defina gastos adicionales si los recursos previstos se agotan, considerando una inflación mucho mayor que el 60%.
Por otra parte, bloques opositores y diputados del oficialismo cuestionan el artículo que faculta al Ejecutivo a retener giros de fondos coparticipables a las provincias que tengan deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). También hay fuertes cuestionamientos opositores al artículo 96, que prevé la recuperación de las facultades del Ejecutivo para modificar retenciones.