El Gobierno prepara un “shock de consumo” para ganar las elecciones en noviembre

El gobierno pretende lanzar una shock de consumo para reactivar la economía y de esta manera poder revertir el resultado de las PASO.

El objetivo oficial de “poner dinero en el bolsillo de la gente”, a menos de 60 días de las elecciones legislativas de noviembre, se convirtió en prioridad luego de la derrota electoral de las PASO 2021 y que desató una crisis política en el oficialismo que derivó en cambios de gabinete, anunciados el pasado viernes por la noche.

Mientras se aguarda confirmación sobre su charla pendiente con la vicepresidenta Cristina Kirchner -quien por carta negó haber pedido su renuncia pero cuestionó su estrategia de prudencia fiscal y pidió acelerar el gasto-, y continúa lidiando con el dólar para que la demanda sobre mercado paralelo no dispare la brecha con el oficial, la agenda semanal de Guzmán puede sintetizarse de la siguiente manera:


Shock de consumo para reactivar y cambiar el humor hacia noviembre



El escándalo político en la alianza gobernante dejó en suspenso una serie de medidas de shock económico que se venían delineando luego de la derrota nacional de las elecciones primarias del domingo pasado. Son la base del intento del Gobierno por revertir el resultado de las urnas.


Si bien los detalles permanecen en reserva, apuntan a los sectores más vulnerados, como los jubilados y pensionados, beneficiarios de la AUH.

El análisis oficial gira en torno a un aumento por decreto por fuera de la movilidad jubilatoria (que subió este mes 12,4% y su próxima alza será en diciembre) o un bono para cobrar entre octubre y noviembre próximo, aunque esa figura luego se licúa porque no se toma como base para los incrementos por ley.


Según un informe de la consultora Invecq, el poder de compra de los beneficiarios de la AUH se derrumbó 23% entre las primarias de 2019 y las del domingo pasado. La caída, que no contempla la puesta en marcha de la Tarjeta Alimentar (que implica hasta $12.000 mensuales de ayuda alimentaria), está por encima de lo perdido por los jubilados y los salarios formales, que hace 40 meses no le ganan a la inflación.







Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunieron el viernes para avanzar en las medidas destinadas a los sectores más vulnerados. (Foto: twitter/@JuanZabaletaOK)
Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunieron el viernes para avanzar en las medidas destinadas a los sectores más vulnerados. (Foto: twitter/@JuanZabaletaOK)
Las medidas de “alivio al bolsillo” comenzarán por los trabajadores formales e informales de ingresos bajos. El martes, a las 15, se reunirá el Consejo del Salario para determinar un incremento adicional. El salario mínimo está hoy en $29.160, tras el alza de 35% dispuesta a fines de abril y que en principio iba a darse en siete tramos que por la alta inflación se adelantó a septiembre.







La intención oficial acordar un extra de 10% y 15% para que el piso de ingresos supere los $32.000 y se acerque a los incrementos paritarios del sector privado, que quedaron por encima del 40%.







El SMVyM impacta en unos 6 millones de empleados formales y los que se mueven en la informalidad (el 40% de los trabajadores) y en un millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo, el plan social que paga la mitad de un salario mínimo con una contraprestación laboral de cuatro horas diarias en general en proyectos de la llamada economía popular (comedores, recicladores, cooperativas.







Guzmán se encontró el viernes con Juan Zabaleta, para “trabajar en la agenda de inversión social”, afirmó el ministro de Desarrollo Social en su cuenta de Twitter. En el encuentro “se habló de políticas de ingresos, capacitación, empleo y urbanización de los barrios populares”.







En ese marco, la idea de transformar planes sociales en empleo genuino no quedó relegada y en el Gobierno buscarán en las próximas semanas anunciar un esquema de transición entre los beneficios estatales al trabajo formal en sectores como la construcción o la gastronomía.









El sistema está en marcha para el trabajo temporario rural, que compatibiliza por 6 meses el beneficio y luego se convierte en un “subsidio” a la firma para que mantenga el puesto laboral.







También esta en estudio una ampliación del Ahora 12, para que vuelvan a aceptarse las tarjetas no bancarias (las emitidas por supermercados, shoppings y cadenas de electro), que quedaron afuera del programa oficial de financiación del consumo en marzo. y que suelen tener los sectores de ingresos medios bajos.









Un plan de créditos a tasa 0% para asalariados también conforma el menú que terminan de definir por estas horas en el área que encabeza Guzmán, en un esquema similar a la línea de los préstamos para monotributistas que se lanzó el mes pasado.







Además, habrá gestos a la clase media. El nuevo piso de Ganancias subirá a $175.000 o $180.000 brutos mensuales, para que un millón de trabajadores en relación de dependencia sigan exentos del gravamen, como lo están desde junio pasado.