La Justicia le concedió la libertad condicional a Boudou

La Justicia otorgó la libertad condicional a Amado Boudou luego de que ya se le hubiera reducido la condena y quedara habilitado para pedirla.

En la tarde del jueves, la Justicia resolvió otorgarle la libertad condicional a Amado Boudou. Cabe recordar que en 2018 el ex vicepresidente de la Nación había sido condenado a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de $90.000.

Esta novedad en el caso Boudou llega luego de que le redujeran la pena en un mes por “estímulos educativos”. De esta manera, el ex vicepresidente se encontraba cumpliendo dos tercios de su condena y le dio las condiciones para poder terminar con su prisión domiciliaria que le concedieron a principios de la pandemia.

El juez Ricardo Basilico dispuso que la medida se haga efectiva desde el día de hoy, dado que Boudou hizo, durante su prisión domiciliaria, cursos de filosofía, organización de eventos y electricidad. Además, el magistrado ordenó comunicar al ex vicepresidente que debe residir en el lugar donde declaró, que para mudarse debe pedir autorización previa por escrito al tribunal, que no debe cometer nuevos delitos y someterse al control de la DECAEP, dependencia que hasta el momento realiza la supervisión del arresto domiciliario.

A su vez, cada dos meses ese organismo de control debe emitir informes y comunicar al juez si hay incumplimientos por parte de Boudou.

Se le prohíbe a Boudou salir del país sin autorización previa y por escrito de este Tribunal y por eso ordenó el juez que Dirección Nacional de Migraciones tome note de esta decisión.

El juez Basilico le pidió al jefe de la Delegación Avellaneda de la Policía Federal Argentina que una vez que reciba esta comunicación vaya a la casa de Boudou para notificarlo y labrar un acta que debe ser enviada al tribunal por correo electrónico.

Asimismo, se informará de esta decisión al “Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica” para que de manera inmediata le retiren a Boudou su tobillera electrónica.

Además de la pena de cinco años y diez meses, Boudou fue condenado a pagar una multa de 90.000 pesos y tiene inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

El juez dejó a salvo en el considerando 9 de su decisión la opinión que tiene en contra de otorgar esta libertad condicional, pero dijo que en tanto hay un consentimiento del fiscal, no puede oponerse.

Le habían reducido la condena a Boudou
La Sala IV había avalado un pedido de la defensa de Amado Boudou para que se le reduzca la pena por “estímulo educativo”. Ese mismo pedido había sido rechazado antes por el juez Ricardo Basílico. Ahora, los magistrados de la cámara -Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo- fallaron a favor del ex vicepresidente.

Boudou fue condenado por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica y el pedido de estimulo educativo había sido realizado tanto por el fiscal del caso como por la defensa. El próximo martes 20 de julio, Boudou cumplirá con los dos tercios de la pena y se espera que pida la libertad condicional.

Causa Ciccone: por qué Boudou demandó al Estado argentino
El exvicepresidente Amado Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone.

El ex funcionario considera enfrentó un proceso “amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado”.

Además plantea que la primera garantía que se violó en su proceso fue la de la “legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”.

En una presentación de 22 carillas, a la que tuvo acceso Télam, Boudou sostuvo que “junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros” fue “objeto de una campaña de persecución judicial”, apenas terminó su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La presentación fue realizada al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmación de su condena de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores.

En el escrito se hace un pormenorizado detalle de los pasos que siguió la causa, que se inició, según expresó, “con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina”, en un trámite en el cual “irían a desplegarse las maniobras”, mientras las nuevas autoridades “implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución”.

Menciona en su respaldo un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación , denominado “Espionaje ilegal 2016-2019”, en el cual se señaló que hubo “un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional” que buscaba “la extorsión política y económica” y el método que se fue el “‘lawfare’ o guerra jurídica”.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales”, expresó.

También recordó su detención, en noviembre de 2017, en horas de la madrugada, y dijo que tuvo “el evidente objetivo” de humillarlo públicamente al ser “retirado” de su domicilio.

“Tuvo el evidente objetivo de humillarme públicamente”, sostuvo Boudou, quien recordó que fue “en horas del amanecer”, sin citación previa, “pese a que siempre había comparecido a las citaciones” y, además, exhibiéndolo ante la TV en pijama y pantuflas, ventilando ilegalmente imágenes del procedimiento”.

En otro pasaje de la presentación, Boudou afirmó que su causa fue divulgaba como “hechos de campaña” con un “profuso tratamiento mediático en primera plana”, para lo cual se “diseccionó cuidadosamente” el proceso “desvirtuando su rigor objetivo, material y procesal”.

Se apuró “en elevar a juicio un tramo de la causa vinculado con la actuación” que se le reprochaba, entre otros, “junto los acusados José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele”, planteó y recordó que este último luego se convirtió en “arrepentido”, una situación que fue difundida por la prensa incluso antes que se formalizara.

Recordó que a los 10 días de encontrarse “arbitrariamente detenido” se hizo público, el 13 de noviembre de 2017, que Vandenbroele ingresó al programa de protección de imputados arrepentidos, y se quejó de que el tribunal rechazara los reclamos de sus defensas para que se conocieran los términos del acuerdo”, algo que según la normativa vigente está sólo admitido “en la etapa de instrucción” y no cuando está en marcha el juicio.

“Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos”, dijo Boudou.

Señaló que “todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional”.

“Sigo aún preso. Y en síntesis, el Estado Argentino es responsable por la violación” a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyó.

Iprofesional