Bondar: ¿En Oberá no se pueden enterrar a nuestros seres queridos?

Es el planteo que hizo el candidato a Defensor del Pueblo y abogado, Roberto Bondar, opinando sobre el caso de un conocido locutor que falleció esta semana y no le habrían permitido el entierro en el cementerio municipal. 

“Lo ilegal, de la Acción contra Aranda, su familia y cualquier Obereño, encuadra en exceder la supuesta atribución normativa que una interpretación supuestamente lo habilita para actuar y que afecta con ello, el Derecho del periodista Aranda y de cualquier vecino de Oberá, de ser enterrado en el cementerio de Oberá y por supuesto los derechos de terceros que es su familia”, cuestionó.

“La cuestión se vincula con un punto esencial que es la necesidad de tutela jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales que son cercenados en Oberá. Se mide precisamente por la extensión de sus garantías y no por la mayor o menor solemnidad con que se proclaman, es decir, hablar y no hacer nada”, señaló.

“Esto le causó un agravio irreparable y agravios a todos los Obereños”, aseguró agregando “que además deberían ser Denunciados por el Defensor del Pueblo al intendente Municipal y pedir el Jury y destitución.

“Como Defensor cumpliré esto, amén de investigar un Negocio con los crematorios privados que todo indica que es un negociado más”, afirmó.

 

El letrado habló del marco legal y en ese sentido explicó que “La tutela que se les reserva no es cualquiera. Es una supertutela. De hecho todos nosotros gozamos de un régimen de protección jurídica reforzada, si podemos aplicarla y no tener que contratar siempre a un Abogado”.

“Remedio: Se trata de la primera línea de defensa de los derechos y libertades fundamentales. La tutela se materializará mediante un procedimiento basado en el Derecho de Amparo”, precisó.

“El recurso de amparo constitucional se dirige, en principio, contra los poderes públicos, sean estatales, autonómicos, o locales. Más claramente, el recurso de amparo protege a los ciudadanos frente a vulneraciones de derechos y libertades fundamentales imputables a los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial)”, finalizó.