Cristina pidió a la Justicia que le devuelva la administración de sus hoteles

El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, fue el encargado de realizar el pedido formal ante el Tribunal Oral Fedral 5.
La vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó a la Justicia que le devuelvan la administración de sus sociedades y hoteles de manera urgente.

Fue su abogado, Carlos Beraldi, quien reclamó la finalización de las intervenciones judiciales de las empresas Los Sauces SA, Hotesur SA, el hotel Los Sauces y el condominio de Máximo y Florencia Kirchner’ ante el Tribunal Oral Fedral 5.

A través de un escrito dirigido al juez Daniel Obligado, el letrado exigió dar por finalizadas las intervenciones judiciales sobre dichas sociedades en un plazo máximo de 60 días.
Se trata del mismo magistrado que permitió que Amado Boudou accediera a prisión domiciliaria.

Además, Beraldi requirió que los interventores presenten un informe final y que un equipo técnico audite el trabajo de los auxiliares de la justicia para determinar la situación patrimonial de las sociedades y el condominio.

Cristina Kirchner busca retomar la administración de sus hoteles
“Venimos a solicitar se fije un plazo de finalización de las intervenciones judiciales dispuestas respecto de Los Sauces S.A., el Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner y Hotesur S.A.”, expresó Beraldi a través del comunicado.

Además, a través del escrito, Beraldi consideró que “las intervenciones que se han dispuesto en autos carecen de toda fundamentación y de manera alguna pueden ser mantenidas sine die (sin plazos o fechas determinadas)”. “Por ello, corresponde y solicitamos que se fije un plazo de finalización de las mismas, el cual no deberá superar los sesenta (60) días”, añadió.
Al respecto, la abogada Silvina Martínez, denunciante en la causa, alertó que “se trata de una maniobra que busca, por un lado, recuperar el control de los hoteles y las propiedades de la familia Kirchner como el ingresos de los alquileres de esos inmuebles”.

No obstante, remarcó que “apunta a demorar, todavía más, el inicio del juicio oral y público de la causa que tiene a la vicepresidenta acusada de formar asociación ilícita dedicada al lavado de activos de fondos del Estado”.