La Justicia le embargó las propiedades a un ex intendente por enriquecimiento ilícito y las rematará

Ocurrió en la localidad mendocina de Guaymallén. El dinero de lo rematado volverá al Estado. 

Mientras tanto en Oberá, las denuncias por enriquecimiento patrimonial y malversación de fondos contra el ex intendente Ewaldo Rindfleich y su entorno (con más de 50 propiedades) continúan “cajoneadas” en los juzgados.  

Una jueza declaró la extinción de dominio porque no justificaron de dónde sacaron la plata para comprarlos. Es el primer juicio de esta naturaleza en Mendoza
Terminó en Mendoza el primer juicio civil por extinción de dominio: la Justicia Civil resolvió que tres inmuebles que pertenecieron al ex intendente peronista de Guaymallén Luis Lobos y a la ex esposa sean rematados públicamente y el dinero que se recaude sea destinado a la Tesorería General de la Provincia de Mendoza.
La sentencia de la jueza María Paz Gallardo se conoció este martes. Bajo sospechas de corrupción, declara la extinción de dominio de tres inmuebles embargados a Lobos y Claudia Sgró porque ambos no pudieron justificar cómo accedieron a los fondos que utilizaron para comprar una casa, un departamento y un pasillo comunero situados en los distritos El Sauce y Villa Nueva.

Ahora, el futuro de Luis Lobos depende de la Suprema Corte
Para la magistrada, al igual que para la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Lobos y Sgró se hicieron de esos bienes, cuya titularidad ostentaban en el 100%, como consecuencia de maniobras de corrupción durante el ejercicio de la función pública en la Municipalidad de Guaymallén. La demanda fue aceptada parcialmente porque Paz Gallardo desestimó que tres vehículos embargados a Lobos y Sgró siguieran el mismo destino que los inmuebles y ratificó que seguirán perteneciendo a los demandados. Se trata de un automóvil Peugeot 308, una camioneta VW Amarok y un cuatriciclo de primera marca. Para la jueza, durante el proceso judicial los demandados sí demostraron que accedieron a esos vehículos de manera legal: con el dinero producido por salarios y por la venta de otros rodados.
Antecedente
En mayo de 2019 la Justicia Penal condenó a Lobos y Sgró a 4 años y 6 meses de prisión y a 3 años y 4 meses respectivamente. También los inhabilitó a ejercer cargos públicos. Fue por el delito de fraude a la administración pública durante el ejercicio de la función pública en la comuna de Guaymallén. Esta sentencia ha sido apelada en la Suprema Corte de Justicia, que todavía no toma una decisión. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que embargó los inmuebles y los vehículos y que, con posterioridad a la sentencia judicial del fuero penal, inició la demanda civil por extinción de dominio bajo el argumento de que Lobos y Sgró habían comprado esos bienes con el producido de maniobras de corrupción.