Los dos juzgados penales están colapsados, con poco personal y bajos sueldos: “el custodio hace el trabajo de los secretarios”

OBERÁ. Durante la mañana del miércoles, se inauguró el “Palacio de Tribunales”, como lo denominó el gobernador Hugo Passalacqua. Se trata de la primera etapa de un complejo de edificios ubicado en un predio a cinco cuadras de la avenida de las Américas. Se ingresa desde el último lomo de burro, detrás de una conocida carnicería llamada La Rueda.

Pero el mismo no funcionará en lo inmediato, pese a tener todo el mobiliario dentro, sino hasta después de la feria en febrero. Es que el mandatario obereño no quería dejar su gestión sin cortar la cinta.

La estructura inaugurada es el primer bloque de cinco, que comenzó a construirse en 2014 durante la gestión de Maurice Closs con un presupuesto inicial de 90 millones de pesos, a lo que luego se reasignó 250 millones de pesos.

Para los próximos bloques no hay fechas del comienzo de construcción, y así es que solo los juzgados civiles y comerciales, hoy ubicados en Misiones y Bolivia, serán trasladados al flamante edificio, mientras que el resto deberá seguir alquilando locales.

Este es el caso de los juzgados de instrucción penal uno y dos. Ambos colapsados y con poco personal.

Solo en el Juzgado de Instrucción Penal 2, a cargo del magistrado Horacio Alarcón; ingresan más de 200 expedientes con detenidos por mes, ya sea por robo, amenazas, violencias físicas, asesinatos, violaciones; además de los que llegan por casos sin detenidos como hurtos, intrusiones, accidentes de tránsito, etc.

El juzgado se divide en dos secretarías, cada una tiene una persona en mesa de entradas que debe caratular, y un jefe. A tal punto es la falta de personal, que el custodio a veces hace el trabajo de los secretarios. Además hay 9 instructores que son los encargados de llevar adelante los procesos.

“Somos los peores pagos del país, cobramos menos que un policía y tenemos una responsabilidad mayor”, indicaron. Un instructor cobra 18 mil pesos por mes, pero no solo trabaja las 6 horas durante la mañana, además deben hacer cuatro más en la tarde dada la falta de personal, y trabajar los sábado y domingos.

Incluso lo compararon con el salario de un juzgado federal que en Oberá funciona sobre calle San Martín. “Un instructor cobra 47 mil pesos por mes y solo proceden en casos federales como contrabando, drogas y trata. Si bien son delitos más complejos, pero tienen ni uno por día”.

“Si queremos salir de vacaciones o viajar fuera de nuestra jurisdicción, nos tiene que autorizar el juez porque si nos necesita un sábado a la noche, tenemos que estar si o si”, señaló un empleado, mencionando que, a diferencia de los otros juzgados (Laboral, Civil, Familia, Correccional de Menores, Paz, etc); ellos deben hacer horas extras y estar disponibles fines de semanas y feriados ya que, un detenido no puede estar más de tres días y se debe iniciar el expediente para asignarle un defensor, lo que obliga a la premura. También ocurre en casos de violencia, donde debe dictarse una preventiva. “Entendemos que por los delitos la gente quiere resolución ya”, señalaron al tiempo que afirmaron estar limitados por la insuficiente cantidad de personal.

Detallaron que, solo en la secretaría dos, en los últimos 15 días entraron más de 70 expedientes con detenidos y hay casos donde, en un solo expediente, hay varios aprendidos.

“Tenemos un gremio que es renovador y no pelea por nuestros derechos, pero si el poder judicial para, colapsa el estado”, indicaron en referencia a la situación límite de los juzgados penales que hacen de filtro hacia los otros, como es el caso del Correccional de Menores y Familia. Primero pasan por Instrucción Penal.

Desde hace varios años se reclama la apertura de al menos otro Juzgado de Instrucción Penal en Oberá (para que sean tres) y un segundo en San Vicente, donde funciona el de Instrucción Penal 3. Estos juzgados son los receptores por donde pasan todos los procesos penales de la Zona Centro abarcando una población estimada de 400 mil habitantes. Sin embargo, esto no es una prioridad para el gobierno de la provincia.