Murió una mujer que estaba presa por haber abortado a los cinco meses de gestación

BUENOS AIRES. Era madre soltera de dos hijos, uno de ellos con una discapacidad severa. Fue condenada a 8 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo” y, aunque deberían haberle dado prisión condicional hace casi un año, murió en la espera.

Patricia vivió en Ezpeleta, partido de Quilmes, hasta los 34 años. Con sus dos hijos, que los tuvo como madre soltera: por entonces, Victoria, de cuatro años, y Alejandro, de 14, un chico con un severo retraso madurativo por una meningitis adquirida cuando era niño. Patricia fue detenida en 2014: había quedado embarazada, no se lo había contado a nadie, y a los cinco meses de gestación abortó y luego se deshizo del feto en un descampado.

Nunca les contó a sus hermanas si ella misma lo hizo o fue a alguna clínica clandestina. Patricia fue acusada de homicidio agravado por el vínculo y su abogada le advirtió que podía ser condenada a cadena perpetua. Ante semejante escenario, Patricia aceptó ir a un juicio abreviado y recibió una condena de ocho años.

Infobae habló con la antropóloga Natalia Ojeda, del Cusam, quien contó que hacía muchos meses que Patricia acusaba dolores abdominales, que había sido trasladada en diversas oportunidades al hospital y que, finalmente, la habían operado dos meses atrás de la vesícula. Sin embargo, por complicaciones de una infección intrahospitalaria, quedó internada en terapia intensiva y, finalmente, murió.

Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Ezpeleta, el mismo barrio donde vivió y donde hubiera vuelto viva si le daban la condicional. No cumplió el sueño de ver a su hijo Alejandro –con retraso madurativo e hipoacúsico-, de 19 años, ni a su hija Victoria, de cinco.

Luego, Infobae se comunicó con el Servicio Penitenciario Bonaerense. El dato más relevante es que el juez de Ejecución Penal del juzgado número 1 de Quilmes, Federico Merlino, con fecha 31 de julio había mandado un escrito al Complejo Penitenciario 47. El juez decía que, como Patricia estaba en coma inducido en terapia intensiva, le quitaran las esposas que la sujetaban a la cama.

A su vez, solicitaba que, para garantizar la seguridad, los guardias estuvieran al lado del área de terapia intensiva. En el Servicio Penitenciario aclaran que, por protocolo, cuando un detenido está en un hospital se hace una doble guardia: un efectivo desarmado cerca del lugar y otro, más retirado, con arma.

Los responsables del Centro Universitario, a priori, no culpan ni a las autoridades de la cárcel ni al hospital Bocalandro. Será cuestión de que el juez Merlino tome las medidas correspondientes para esclarecer en qué circunstancias murió Patricia Solorza y si hay o no culpables.

Los interrogantes están presentes. Uno, básico, es cómo puede ser que una detenida de buena conducta, en condiciones de obtener la libertad condicional para estar con su hija pequeña y su hijo con discapacidad, no pueda acceder a ella.

Además, si las cárceles bonaerenses están superpobladas, si las alcaldías están saturadas, si hay tantos detenidos en comisarías por falta de espacio en las prisiones, cómo no se pone énfasis en dar curso a las condicionales o, al menos, a una prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

Es imposible dejar de pensar que un juez deba mandar un escrito para que le quiten las esposas a una detenida inofensiva con coma inducido en terapia intensiva. Un escrito que llegó cuatro o cinco días antes de que la vida de Patricia se apagara.

FOTOGRAFÍA: Infobae.

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