OBERA. Luis Pires, propietario de un conocido hotel sobre avenida de las Américas que aún en momento de crisis y bajo movimiento de turistas, sigue creciendo; continúa al frente de la Unidad Ejecutora Provincial, la misma que construyó obras tales como la pista de Skate en el centro obereño, y que la semana pasada anunció que su área manejará la suma de 233 millones de pesos enviados por Nación dentro del Plan ProMeba.
Hotel del funcionario
Según publicó el diario Primera Edición , Pires promociona ahora una empresa privada de capitales extranjeros que pretende invertir en las comunas, en un programa denominado “ciudad inteligente” ideado por la propia firma y el funcionario provincial.
Varios intendentes no salen de su asombro por el repentino interés que muestra el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Luis Pires, en la promoción de una empresa privada de capitales extranjeros que pretende invertir en las comunas, en un programa denominado “ciudad inteligente” ideado por la propia firma y el funcionario provincial.
El ingeniero ya convocó a más de treinta jefes comunales para reunirlos con los representantes en Argentina de la empresa italiana de iluminación Martini Light, en una operatoria que pretende “enganchar” a las municipalidades y proveerles del reemplazo de luminarias de alumbrado público, semáforos y cámaras de vigilancia a cambio de cobrarles a los municipios lo que les quede de “diferencia” en las boletas de pago de energía por el ahorro que producirían.
Pero como las inversiones que plantea la firma son, la mayoría de las veces, millonarias, el “plan de negocios” contemplaría dejar comprometidos los recursos municipales por varios años.
“La idea es que cambiemos el alumbrado actual por led, con lo que se produciría un ahorro de energía. La plata que ahorremos en las facturas de energía se la tendríamos que pagar a la empresa hasta cubrir el monto de la inversión. En definitiva, la municipalidad va a seguir pagando lo mismo pero en lugar de pagar a la cooperativa eléctrica, va a pagarles a los inversores”, explicó un alcalde.
Otro de los jefes comunales consultados fue más allá: “no es obligatorio cerrar el trato con la empresa, pero están en juego otras cosas también, como los proyectos que sí son financiados por la Nación y que los maneja Pires, que es el que firma las carpetas”.
El intendente, en este caso, se refirió a los fondos que llegan a la provincia directamente a la UEP por planes como el Programa de Mejoramiento de barrios (Promeba) o el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, y que en un marco de restricciones de los fondos nacionales para otras dependencias provinciales, significan muchísimo para los municipios que atraviesan una crisis por la baja en la recaudación y en los aportes de coparticipación.
Contratación directa
Además del particular interés del coordinador de la UEP en que la firma extranjera realice su plan de negocios con los municipios misioneros, también hay otros puntos llamativos en el proyecto privado que impulsa el funcionario.
Es que según las leyes de Contabilidad y de Obras Públicas, las contrataciones con fondos públicos debieran realizarse previa licitación o concurso de precios, mecanismos que pretendan ser transparentes y le aseguren a los eventuales proveedores del Estado una competencia limpia y en las mismas condiciones, sin privilegios.
Los demás mecanismos, como la contratación o compra directa, son excepcionalísimos y se considera que las operaciones realizadas de esta manera no garantizan la transparencia que debe rodear a todos los negocios encarados por el gobierno.
Paralelamente, se considera que la actividad del “lobby”es más común entre quienes son representantes de un negocio privado y quieren obtener el favor de un gobierno determinado para hacerse de fondos públicos a cambio de un bien o servicio, pero son pocos los casos en los que un funcionario toma abiertamente la responsabilidad de influenciar en la toma de decisiones de otro funcionario, ya sea que reciba una remuneración por realizar dichas gestiones o no.
Un abogado especialista en derecho administrativo consideró que las gestiones como las que encara el titular de la Unidad Ejecutora Provincial a favor de una empresa privada determinada podría incluso acercarse peligrosamente a la figura penal conocida como “Tráfico de Influencias”, previsto en los artículos 428 a 431, delito que puede ser cometido por un funcionario como por un particular.
El delito se produce “cuando un funcionario o una autoridad influye en otro prevaliéndose de su cargo o de otra situación de poder derivada de su relación personal o jerárquica con el subordinado, para conseguir una resolución que le genere un beneficio económico a sí o a un tercero, directo o indirecto”.
El castigo es una pena de prisión de seis meses a un año, multa del doble del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo público de entre tres a seis años.
Directos interesados
Uno de los intendentes más “entusiasmados” con el programa que ideó el polémico funcionario renovador es Norberto Aguirre, de Eldorado. De hecho, una de las primeras reuniones organizadas por Pires para convocar al resto de los alcaldes se dio en su localidad, y como anfitrión se sentó al lado del funcionario provincial y los inversores. En esa reunión, llevada a cabo hace dos semanas, se dijo que “la apuesta va a traer muchos beneficios a la población en lo concerniente a luminaria y seguridad”.
De aquella primera convocatoria participaron los intendentes Celso Carvalho de Alba Posse, Guillermo Fernández de Bernardo de Irigoyen, Fausto Rojas de San Antonio, Jorge Lezcano de Puerto Piray, Felipe Jelen de Wanda; Alfredo Gruber de Puerto Esperanza, Eberth Vera de Colonia Delicia, Claudio Kobler de 9 de Julio, Arnoldo Schoenfisch de Santiago de Liniers y Hugo Andino de Colonia Victoria. En otra reunión posterior fueron convocados los intendentes de Montecarlo Julio “Chun” Barreto, de Oberá, Carlos Fernández; de Bernardo de Irigoyen Guillermo Fernández; de Campo Grande Carlos “Caco” Sartori; y de Garupá Luis Ripoll. También fueron interiorizados sobre los “inversores” los intendentes Pablo Castro de Santa Ana, Mario Knopka de Florentino Ameginho y Miguel Ángel Vargas de Guaraní. Con todos estos alcaldes además se conformaron mesas de trabajo “para la planificación de proyectos ejecutivos con fondos nacionales que serán elevados a Nación a través de la UEP”.
El impulso que parece darle Pires a las dos patas del negocio (las inversiones de fondos públicos nacionales y la inversión privada) tendrá un nuevo capítulo la semana que viene, cuando se convoquen los equipos técnicos para avanzar en ambas iniciativas.
Fuente: Primera Edición
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