Camino Selva SA cobrará peajes en Misiones por 20 años y podrá acceder al RIGI

Las empresas Carlos E. Enríquez SA y Hormi SA constituyeron formalmente Camino Selva SA, la nueva sociedad que tendrá a su cargo la concesión de las rutas nacionales 12 y 105 durante los próximos 20 años.

La compañía fue creada mediante escritura pública el 5 de septiembre y su constitución quedó publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Misiones. Tendrá domicilio legal en Posadas y estará controlada en un 95% por Carlos E. Enríquez SA, mientras que el 5% restante pertenecerá a Hormi SA.

La conformación de la sociedad representa otro paso administrativo y empresarial para que el consorcio comience a hacerse cargo de la explotación, conservación y mantenimiento del denominado Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones.

La adjudicación había sido oficializada el 24 de agosto mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía de la Nación. La propuesta de Enríquez-Hormi fue considerada la más conveniente para administrar un corredor de 456,22 kilómetros, con una tarifa de referencia ofertada de $2.950 sin IVA.


El tramo concesionado incluye 129,31 kilómetros de la ruta nacional 12, desde su intersección con la ruta nacional 118 hasta Posadas, y otros 292,32 kilómetros desde la capital misionera hasta el acceso al puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú.

También comprende 34,59 kilómetros de la ruta nacional 105, entre su empalme con la ruta 12 y la conexión con la ruta nacional 14, en la zona de Pindapoy.

Según el estatuto, Camino Selva SA tendrá como objeto exclusivo ejecutar, por cuenta propia y bajo su responsabilidad, el contrato de concesión de obra pública por peaje. Esto incluye las rutas, accesos, distribuidores, colectoras, puentes, obras complementarias y demás instalaciones ubicadas dentro de la zona concesionada.

Peajes, TelePASE y sistema free flow

La nueva empresa estará autorizada a instalar, operar y mantener estaciones de peaje, administrar las tarifas e incorporar diferentes tecnologías de cobro.

El esquema contempla la utilización progresiva de TelePASE, pórticos de lectura automática y sistemas free flow, que permiten cobrar sin barreras ni detención de los vehículos. También podrán habilitarse pagos mediante billeteras virtuales, débito automático y otras herramientas electrónicas.

Camino Selva SA tendrá, además, facultades para reclamar tarifas impagas, evasiones e infracciones por vías extrajudiciales o judiciales. Asimismo, podrá instalar estaciones de pesaje, controlar cargas y operar sistemas destinados al conteo y seguimiento del tránsito.

Sin embargo, Vialidad Nacional estableció que la concesionaria deberá alcanzar previamente determinadas condiciones de transitabilidad y niveles de servicio antes de aplicar plenamente las tarifas incluidas en su propuesta.

Obras, emergencias y servicios para los usuarios

Las atribuciones de la empresa (no obligaciones) abarcan la rehabilitación, reparación, reconstrucción y ampliación de calzadas y banquinas, además de la construcción de terceras trochas, autovías, autopistas, rotondas, distribuidores, colectoras, accesos y puentes.

También podrá realizar obras hidráulicas, instalar iluminación, renovar la señalización e incorporar nuevos elementos de seguridad vial.

Entre los servicios previstos para los usuarios se encuentran el auxilio mecánico, grúas, remolques, atención de emergencias, primeros auxilios y traslados sanitarios. La concesionaria también podrá establecer centros de control de tránsito, sistemas de videovigilancia y mecanismos de información sobre el estado de las rutas.

El estatuto habilita, además, el desarrollo de actividades complementarias dentro del corredor, como áreas de servicio, paradores, estaciones de combustible, puntos de carga para vehículos eléctricos, playas para camiones, locales gastronómicos y comerciales, publicidad e infraestructura para telecomunicaciones.

La sociedad podrá buscar financiamiento nacional o internacional, emitir obligaciones negociables y utilizar los ingresos provenientes de los peajes dentro de sus estructuras financieras. Incluso contempla la posibilidad de solicitar su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.


La puesta en marcha de la concesión continúa atravesada por la controversia sobre la ubicación de las estaciones de cobro. La documentación oficial contempla puestos en Santa Ana, Puerto Rico, Colonia Victoria y Fachinal, además del peaje de Ituzaingó, en Corrientes.


Desde el Gobierno nacional sostienen que el nuevo modelo funcionará sin subsidios del Estado y que las empresas privadas deberán financiar la operación, conservación y mantenimiento del corredor con los recursos obtenidos por la concesión.