Cristina en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica: la cárcel implica «riesgo para la vida de la condenada a raíz del atentado»

La Corte Suprema confirmó la condena y la pena, que también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner cumple desde este martes prisión domiciliaria por seis años y con un añadido inesperado: el juez decidió colocarle una tobillera electrónica.

La pena de prisión:

a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.

b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

También el tribunal dispuso encomendar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y que informe a tribunales los resultados de esa supervisión cada tres meses, luego de lo cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas.

La condena definitiva por corrupción a la mujer que gobernó ocho años Argentina, y que fue otros cuatro años primera dama y cuatro vicepresidenta, fue una sacudida para todo el país la semana pasada, pero restaba definir las condiciones de la prisión, algo que se produjo ayer.

Para intentar cortar lo que se estaba ya convirtiendo en un culebrón político judicial y evitar que que Kirchner encabezara mañana la marcha de apoyo organizada por el peronismo, el tribunal la notificó de su detención a través de su abogado, Carlos Beraldi. Así convirtió en innecesario que la ex presidenta se presente este miércoles ante el tribunal, desde donde partiría la marcha.

Los jueces detallaron las razones para optar por la prisión domiciliaria.

«Su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra».

«La combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima {en septiembre de 2022} junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional aislamiento, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona».

«A partir del día de la fecha Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa», concluyó el fallo.

Los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, habían reclamado prisión efectiva para la ex presidenta. Así, la decisión del juez Jorge Gorini es salomónica: la ex jefa de Estado podrá quedarse en su casa, pero llevará una tobillera electrónica que su abogado había pedido expresamente que no se le colocara.

«Corresponde cumplir con la manda que exige la implementación de un dispositivo electrónico para aquellos condenados que accedan al beneficio», decidió el juez.

El peronismo se viene preparando desde hace días para una movilización de respaldo a la ex presidenta, prevista inicialmente para mañana.

Fernández de Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación, que confirmó en noviembre de 2024 una sentencia del Tribunal Oral Federal del 2 de diciembre de 2022. La intervención de la Corte Suprema la semana pasada se limitó a revisar que no haya habido ninguna violación de las garantías constitucionales.

«La Corte coronó el trabajo que desde 2008 había comenzado y desde 2016 acelerado el juez Julián Ercolini», destacó «Clarín» en su momento.

Ese trabajo fue «revisado por tres camaristas federales, juzgado en audiencias orales y públicas por los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 y confirmado por tres magistrados distintos en la Cámara Federal de Casación Penal: un total de diez jueces. A ellos hay que sumarles seis fiscales -incluyendo al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal- que también intervinieron en el caso. Son dieciséis magistrados: todos ellos, sin excepción y con el grado de certeza de cada etapa procesal, encontraron culpable a la ex presidenta».

La sentencia establece que la defraudación en perjuicio de la administración pública es un «delito federal de corrupción» y que la entonces presidenta se valió del Estado para «fines personales» y perjudicó sus intereses.

Los hechos por los que fue juzgada Fernández de Kirchner se refieren a 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, una de las provincias más australes del país y verdadero feudo de los Kirchner por más de dos décadas.

Néstor Kirchner, presidente argentino entre 2003 y 2007, y del que Fernández de Kirchner enviudó en 2010, fue gobernador de esa provincia, que luego siguió controlando a través de sus sucesores, que le eran absolutamente fieles.

La dos veces presidenta se refirió a sí misma en los últimos días como «una fusilada que vive». La líder peronista argumentó que todo se trata de «una causa armada» durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que es víctima de «lawfare», el término en inglés que define la utilización de la justicia para una persecución política.

«Me quieren presa o muerta, pero no van a evitar que el pueblo vuelva», añadió la que fuera vicepresidente de Alberto Fernández entre 2019 y 2023. No hay claridad acerca de quién sucederá a Kirchner al frente del peronismo, a menos que la ex presidenta pretenda continuar haciéndolo desde su lugar de detención.

La ex presidenta, que se presenta como «proscrita», se mira en el espejo de Luiz Inacio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, que pasó 581 días en prisión antes de ser elegido por tercera vez como presidente del mayor país de la región. Días atrás, el presidente brasileño llamó a Fernández de Kirchner para solidarizarse.

Fernández de Kirchner se enfrenta a otros tres procesos penales: dos por corrupción y otro en el que se la acusa de haber encubierto a los presuntos autores iraníes del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA.