La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleña, confirmó que la denuncia penal impulsada contra el presidente Javier Milei por la reforma laboral incluye también a los 10 legisladores nacionales de Misiones.
La dirigente sindical sostuvo que la presentación judicial —promovida por el abogado Eduardo Barcesat— no solo apunta al Ejecutivo, sino también a quienes aprobaron la norma en el Congreso. “Los legisladores también han violado la Constitución”, afirmó en diálogo con LT4.
De esta manera, la causa alcanza a los senadores Martín Goerling (PRO), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Frente Renovador NEO), y a los diputados Diego Hartfield y Maura Gruber (La Libertad Avanza), Emmanuel Bianchetti (PRO) y los renovadores Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz.
Aleña explicó que la denuncia se basa en presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta, además de una supuesta apropiación indebida de fondos de la seguridad social.
Según indicó, el punto más cuestionado de la reforma laboral es el artículo que habilitaría una transferencia de recursos vinculados al sistema previsional. “Este tema es muy grave, porque afecta directamente al dinero que corresponde a los jubilados. Consideramos que es inconstitucional y que vulnera derechos sociales básicos”, remarcó.
En ese sentido, detalló que la normativa prevé que parte de los fondos que los empleadores dejarían de aportar se utilicen para cubrir indemnizaciones por despido, lo que, según la dirigente, implica trasladar el costo al propio trabajador y comprometer recursos del sistema jubilatorio.
“Le están sacando plata a la caja de las jubilaciones para beneficiar a los sectores más concentrados. Mientras tanto, los jubilados están en una situación crítica”, advirtió.
La titular de STVyARA también cuestionó la falta de diálogo con el Gobierno nacional. “Es la primera vez que tenemos que recurrir a la Justicia incluso por salarios. No hay instancias de negociación ni respuesta”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en el Presidente, sino en todo el arco político que respaldó la ley. “Todos los que participaron en la elaboración y aprobación están involucrados. Un legislador debe tener como prioridad la Constitución, y en este caso no ocurrió”, concluyó.
En paralelo, Aleña vinculó la situación con otros cuestionamientos al manejo de fondos públicos, como el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos, del cual —según denunció— el Estado nacional habría retenido más de un billón de pesos desde 2023 sin destinarlos al mantenimiento de rutas.
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